La razón pública como limite de protección de los derechos humanos en los procesos constituyentes de las entidades federativas, un estudio de caso, "Derechos Fundamentales a Debate" Comisión Estatal de Derechos Humanos, No. 10, 2019.

Este artículo establece la razón pública, como expresión de la razón práctica, en tanto condición suficiente y necesaria en el proceso de conformación de ordenamientos constitucionales en los gobiernos sub-nacionales. Para mostrar este cometido, se emplea como metodología el estudio de caso consistente en la propuesta de adición del artículo 117 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco que presentó el Gobernador Constitucional de dicha entidad federativa.

El presente libro puede considerarse una guía de actualización en materia de derechos humanos. Es, además, una herramienta que permite identificar los alcances e implicaciones de los nuevos paradigmas en la vida jurídica nacional; proporciona mecanismos que facilitan su aplicación en el ejercicio profesional, tanto en el foro jurídico y en la función pública, como en el análisis académico y, fundamentalmente, en la construcción de una ciudadanía informada que fortalezca el estado social y constitucional de derecho a través de la participación democrática.

Iniciamos una nueva etapa en la defensoría pública de los derechos humanos, una etapa que construiremos en colectivo, desde abajo y con puertas abiertas, porque la defensa de los derechos humanos nos corresponde a todas y a todos.

El abandono de los principios fundamentales en los que se sustentan los derechos humanos ha generado nuevas y abominables formas de crímenes que han rebasado por completo los límites hasta ahora observados por las propias bandas de la delincuencia.

Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos –la “Carta Magna de la Humanidad”–, la comunidad humana decidió crear un código moral, ético y jurídico que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los derechos inalienables del hombre.

Uno de los objetivos fundamentales de la política de Estado en materia de derechos humanos debe ser lograr que toda persona goce sin discriminación alguna de todos sus derechos fundamentales, libertades e igualdad real de oportunidades.

La desaparición de una persona constituye una grave violación de derechos humanos que atenta contra la dignidad de la víctima directa así como de sus familiares y seres queridos.

La Comisión, consideró que un medio ambiente sano se constituye en un presupuesto general que condiciona el desarrollo integral de los demás derechos humanos.

Las personas que defienden los derechos humanos y las dedicadas al periodismo constituyen un activo de las sociedades democráticas. Su actividad abre caminos a la justicia y al respeto al Estado de Derecho.

I. Contexto social. El drama humano.

En nuestro país, la desaparición de personas se ha convertido en una atrocidad humana de la mayor preocupación social. Todos los días, en los medios de comunicación o en las redes sociales, se da cuenta de la desaparición de seres humanos y de las desesperadas llamadas de auxilio de sus familiares para encontralos. Cada vez son más las exigencias a las autoridades para su búsqueda y localización; esos requerimientos van desde la formal denuncia hasta las manifestaciones y marchas públicas. En este reclamo participan no solo colectivos organizados por los familiares de las personas desaparecidas, sino también expresiones diversas de todos los sectores sociales. Se han generalizado las demandas sociales de seguridad ciudadana y de justicia, que hoy en día constituyen la principal exigencia para el Estado.

Resumen

Todas las personas tenemos sin distinción alguna el derecho de recibir un trato digno y apropiado por parte de las instituciones públicas encargadas de la administración y procuración de justicia. Por tal motivo, el Estado debe garantizar la eliminación de barreras físicas y de comunicación que impidan el acceso a una justicia gratuita, pronta y expedita en favor de las personas con discapacidad.