BOLETÍN 42 / Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

Síntesis de la Recomendación 13/16, dirigida al licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal regional del estado de Jalisco, por la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia. Guadalajara, Jalisco, 15 de abril de 2016

El 12 de mayo de 2015 fue recibida una queja en contra de dos servidores públicos por posible incumplimiento de su función en la procuración de justicia, al dilatar la integración de una averiguación previa relacionada con el fallecimiento de una menor de edad.

            El inconforme expuso que el 24 de marzo de 2011, su hija, de 17 años de edad, falleció frente a las instalaciones de la escuela preparatoria regional de Tala, Jalisco, luego de que una camioneta atropelló a varios estudiantes en la vía pública, para luego impactarse dentro de una papelería, donde se hallaba la adolescente.

            Agregó que, aun cuando había testimonios que identificaban plenamente a la conductora, el agente del Ministerio Público no realizó las acciones necesarias para procesarla y en su lugar enderezó sus actuaciones contra la hermana, incluso fijó una fianza a la impostora, como probable responsable del accidente que costó la vida a su hija y lesiones a otros siete jóvenes, todos alumnos del citado centro de estudios.

            Fue hasta el 16 de junio de 2015, más de cuatro años después de ocurridos los hechos,  cuando el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal, consignó la averiguación previa y solicitó órdenes de aprehensión en contra de la conductora de la camioneta por homicidio, culposo y contra la familiar de ésta por el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, ya que pretendió autoinculparse del percance para eximir a la verdadera responsable.

            De la revisión de las actuaciones realizadas por el agente del Ministerio Público se advierte displicencia en la integración de la averiguación previa, retraso en la gestión de peritajes e informes, lo cual llevó a que durante más de cuatro años las victimas vivieran la impotencia y desesperación de no acceder a la justicia y no poder honrar la memoria de su hija con el acceso a la verdad y la sanción a los responsables.

Bajo el principio de que justicia tardía es justicia denegada, esta defensoría determina que el agente del Ministerio Público Pedro Rodríguez Ornelas y el actuario Juan Iturriaga Torres, adscritos a Tala, Jalisco, violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, por lo que esta Comisión dicta las siguientes:

Recomendaciones:

Al licenciado Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal regional del Estado de Jalisco:

Primera. Tramite y concluya un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos, en el que se tomen en cuenta las consideraciones y fundamentos expuestos en el cuerpo de la presente Recomendación.

Segunda. Agregue copia de la presente resolución a los expedientes administrativos de cada uno de los servidores públicos involucrados, aun cuando ya no tengan ese carácter. Ello, como antecedente de que violaron derechos humanos en los términos de esta Recomendación.

Tercera. Instruya el seguimiento puntual al proceso penal vinculado al presente caso y procure acciones efectivas para garantizar el derecho al acceso a la verdad y a la reparación de los daños y perjuicios en favor de las víctimas.

Cuarta. Instruya al personal que resulte competente de la administración a su cargo que se entreviste con los deudos de la víctima menor de edad, y les ofrezca atención médica y psicológica especializada y, en su caso, a su elección, les cubra el pago de servicios particulares por el tiempo que resulte necesario, a efecto de que superen las afectaciones emocionales que pudieran estar sufriendo con motivo del fallecimiento de su familiar.

Quinta. Como medida satisfacción ofrezca una disculpa a los deudos por la dilación en el acceso a la justicia provocada por los servidores públicos Pedro Rodríguez Ornelas y Juan Iturriaga Torres.

Sexta. Incremente las actividades de capacitación y actualización al personal de la Fiscalía regional respecto a las medidas de atención a las víctimas que contemplan las leyes general y estatal de víctimas, así como en general sobre el marco jurídico en materia de protección a los derechos humanos.

 

 

 

 

 

°°0°°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ºº0ºº