BOLETÍN 91 / Guadalajara, Jalisco, 16 de agosto de 2016

Emite la CEDHJ cuatro Recomendaciones contra autoridades estatales y municipales; una de éstas, a favor de una adulta mayor

•Las resoluciones están dirigidas al fiscal central, al presidente municipal de Zapotlán del Rey, a la fiscal de Reinserción Social y al presidente municipal de El Salto.

Recomendación 30/16
El 4 de septiembre de 2015, una mujer de 87 años de edad presentó ante esta Comisión una queja en la que refirió que dos años atrás había ganado un sorteo cuyo premio fue de cinco millones 500 mil pesos, y que la noticia se la llevaron en su momento tanto una de sus hijas como una nieta y el novio de ésta, quienes acudieron a su domicilio para llevarla las oficinas de la empresa organizadora a reclamar el monto mencionado.

Explicó que le entregaron dos cheques que cubrían el total de dicho premio, y posteriormente sus familiares la llevaron a una institución bancaria en donde, según afirmó, su hija la hizo firmar unos documentos, y como depositó el dinero en una cuenta de la cual desconoce quién es el titular, no ha podido disponer de él. Además, su hija le dijo que no le daría nada, hiciera lo que hiciera.

Por lo anterior, la quejosa interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Central del Estado el 27 de noviembre de 2013, la cual fue turnada a la agencia del Ministerio Público 5 de delitos patrimoniales no violentos. Comentó que, hasta el momento, la averiguación no había presentado avances significativos, a pesar de las diligencias y pruebas integradas.

Este organismo concluyó que el licenciado Álvaro Cervantes López, agente del Ministerio Público, ha sido omiso en integrar con prontitud, esmero y eficacia la indagatoria, con lo que es un hecho permanente la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, en su calidad de persona adulta mayor.

La CEDHJ dirigió Recomendaciones al fiscal central, Rafael Castellanos, a fin de que garantice la reparación del daño de la víctima; que inicie, tramite y concluya procedimiento sancionatorio en contra de Álvaro Cervantes López y agote las etapas procesales dentro de la averiguación previa para que a la brevedad determine lo conducente. Debe considerar que la quejosa es una persona adulta mayor, su edad avanzada, su estado de salud y sus condiciones de vida.

Recomendación 27/16
Con base en una llamada telefónica —de la que se dio fe— sostenida con la esposa de uno de los internos de la cárcel de Zapotlán del Rey, la Comisión ordenó iniciar un acta de investigación sobre las violaciones de derechos humanos que la mujer expuso en su queja, relativa a las condiciones en que se encuentran tanto la población interna como la infraestructura e instalaciones del centro penitenciario.

La quejosa manifestó que se había comunicado con su esposo y éste le relató que en ese lugar existía una excesiva población de reclusos y que además no reunía las condiciones adecuadas para purgar penas, en virtud de que era un espacio destinado a detenciones por faltas administrativas.

En las investigaciones se encontró que las celdas municipales no son adecuadas para su reclusión, no hay una clasificación de los internos y las malas condiciones físicas impiden el desarrollo de actividades laborales, educativas y deportivas. Se carece de un vínculo adecuado del reo con su exterior; se proporciona una limitada atención médica; el personal de seguridad no está capacitado, y no se cuenta con personal técnico, lo que está lejos de favorecer la protección y observancia de los derechos fundamentales de las personas internas.

Ante personal de esta Comisión y de la Fiscalía de Reinserción Social, los internos manifestaron que su defensor de oficio nunca los visitaba y, por ende, desconocían en qué estado procesal se hallaban sus expedientes criminales, y por lo mismo no podían solicitar beneficios o su traslado a otro establecimiento. Esta situación fue corroborada por la autoridad municipal, al señalar que la presencia del defensor de oficio en ese lugar era esporádica, lo que generaba constante inquietud en los reos.

La CEDHJ acreditó la violación de los derechos a la legalidad en relación con la integridad y seguridad personal; a la seguridad jurídica, a la protección de la salud, al trato digno y a la reinserción social, por lo que  recomendó a la autoridad municipal que dignifique la cárcel y la dote de los servicios de salud, higiene y seguridad que se requieren.

También se solicita la colaboración de la fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez Cobos, para la reubicación de internos bajo proceso y sentenciados a los centros penitenciarios y que se gestione presupuesto para su modernización.

Asimismo, se pidió al maestro Carlos Óscar Trejo Herrera, procurador social del Estado, que tramite un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes sociales a quienes se les encomendó la defensa penal de los internos de la cárcel de Zapotlán del Rey y revise con minuciosidad su situación jurídica.

Recomendación 28/2016

Un hombre refirió que el 2 de septiembre de 2015 fue a visitar a su hijo en la prisión preventiva del estado. Uno de los compañeros de éste le dijo que estaba en la enfermería, por lo que se trasladó a ese lugar, donde se percató de que su familiar estaba triste, deprimido, y no tenía movilidad en ambas piernas ni en sus brazos, además de que su respiración era agitada. Le preguntó al médico cuál era el diagnóstico, y éste le respondió que su hijo tenía pánico y que sólo estaría en observación, por lo que no sería trasladado al Hospital Civil.

El quejoso señaló que, a pesar de su insistencia ante el médico para que se trasladara a su hijo a dicho nosocomio para que le hicieran una revisión interna, el médico se negó.

Días después, personal del reclusorio le llamó para informarle que su hijo estaba en el Hospital Civil. Ya en el nosocomio, su familiar le refirió que un grupo de internos del módulo 9 lo había obligado a realizar ejercicio físico excesivo, como castigo por un supuesto adeudo. Luego expiró.

Quedó plenamente acreditado que los médicos adscritos a la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado incurrieron en omisiones que se tradujeron en violación del derecho a la protección de la salud del ahora finado.

Se dictaron Recomendaciones a la fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez Cobos, encaminadas a reparar los daños a favor de los familiares del ahora fallecido; abrir un procedimiento sancionatorio contra los médicos, y que se elabore un análisis sobre la situación en los centros dependientes de la Fiscalía de Reinserción social.

Recomendación 29/16

El 9 de septiembre de 2015, una mujer presentó ante este organismo una queja a su favor y de su finado hijo, en contra de personal de la unidad médica de urgencias Las Majadas, de los Servicios Médicos Municipales de El Salto, por la muerte de su familiar.

Refirió que el 3 de agosto de 2015, durante la madrugada recibió una llamada de su hijo, quien le comentó que acababan de lesionarlo en el abdomen y que estaba a dos cuadras de su casa, por lo que fue a buscarlo en su vehículo. Explicó que lo encontró parado, tapando con sus manos una herida de arma blanca y lo trasladó al puesto de socorros de la Cruz Verde Majadas.

En el centro de salud le dijeron que tenía que pagar dos placas radiográficas y, aunque no traía dinero, autorizó este procedimiento y se retiró para conseguirlo. Dijo que regresó tres horas después y que su hijo ya estaba suturado de la herida. El médico que lo atendió le aseguró que la herida no era profunda, que sólo había penetrado un centímetro sin causar daños en órganos. Señaló que le recetaron algunos medicamentos y que su hijo se retiró con ella caminando.

Agregó que su familiar siguió las instrucciones del médico, pero a los dos días los dolores continuaban, por lo que fue trasladado a la Cruz Roja de Toluquilla, en Tlaquepaque, donde lo valoraron y dieron de alta de manera inmediata. Le dijeron que no había ningún peligro con la herida porque era superficial. La agraviada señaló que su hijo salió por su propio pie del puesto de socorros, pero cinco horas después falleció a causa de dicha lesión.

Esta Comisión dirigió Recomendaciones al licenciado Marcos Godínez Montes, presidente municipal de El Salto, con la finalidad de garantizar la reparación del daño en favor de la familia del hombre fallecido y que se anexe a los expedientes de los médicos copia de la resolución y se capacite a los médicos.

Se solicitó al fiscal, central Rafael Castellanos, que que instruya al agente del Ministerio Público que esté conociendo e integrando el acta de hechos, para que se eleve a averiguación previa por la presunta negligencia cometida por personal médico que intervino en la atención del agraviado.  

 

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