BOLETÍN 108 / Guadalajara, Jalisco, 17 de diciembre de 2019

ANALIZAN EN FORO REGIONAL AVANCES EN FAVOR DE LAS MUJERES POR SENTENCIA DEL CAMPO ALGODONERO

Después de 10 años de haber sido emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CrIDH,) la sentencia del caso Campo Algodonero en contra del Estado mexicano, logra la visibilidad del Estado como parte importante del incremento de la violencia contra las mujeres, al ser el responsable de su cuidado; sin embargo, la deuda de los tres niveles de Gobierno permanece, porque continúan las violaciones, coinciden especialistas en el seminario regional del tema, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), con apoyo del Colegio de Jalisco.

             Esta sentencia se emitió por la desaparición y feminicidio de Claudia, Esmeralda y Laura, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida, en un campo de cultivo y cosecha de algodón en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.  La CrIDH señala que hubo irregularidades que culminaron en la fabricación de culpables y la impunidad de estos crímenes, además de que se violaron los derechos humanos de las familias quienes fueron amenazadas y agredidas por buscar justicia.

            El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, manifestó que a 10 años de esta resolución se han registrado avances en favor de las mujeres, pero no los suficientes. “Parece que vamos corriendo en una banda sin fin; por más que camines, pareciera que no avanzas. Me parece que la conclusión es que es tanto el rezago, son tantos los agravios, la carga histórica de injusticia y desigualdad contra las mujeres, que van a pasar varias generaciones para que podamos alcanzar lo que quisiéramos, por lo que resulta indispensable que como instituciones actuemos bajo el principio de máxima diligencia, conscientes de que algún día vendrá el juicio de la historia”.

            Señaló que la mayor debilidad del Estado mexicano está en la procuración y la administración de justicia, por eso es importante que se trabaje con un enfoque en derechos humanos. El defensor invitó a los representantes de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil a trabajar en agendas conjuntas para generar nuevos modelos que permitan que las mujeres puedan tener una verdadera vida libre de violencia en México.

            En el seminario, Karla Michel Salas, abogada del caso Campo Algodonero, ofreció la conferencia magistral “La trascendencia de la Sentencia del Caso Campo Algodonero como paradigma del feminismo jurídico”, donde dijo que este hecho dejó como resultado y puso en evidencia que las violaciones de derechos humanos contra las mujeres son asunto del Estado, y evidenció las implicaciones que esto tiene. “Si bien esta sentencia tiene más de diez años de haber sido publicada, sigue estando vigente, no sólo por el incumplimiento que ha tenido el Estado mexicano, también porque es una sentencia cuyos puntos resolutivos tendrían que ser cumplidos no sólo por el estado de Chihuahua, sino por todos los estados del país, porque los feminicidios son una grave violación a los derechos humanos”.
Dijo que esta sentencia hizo tres aportaciones: justicia para las víctimas, homicidios de mujeres por razones de género, y jurisprudencia con perspectiva de género.

En su conferencia “La Sentencia de Caso Algodonero y los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres”, Héctor Pérez, también abogado del caso y director de la Clínica de Trata de Personas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), concluyó que con el fallo se encontró una ventana de oportunidad para establecer parámetros jurídicos que sirvan como referencia dentro del sistema interamericano de derechos humanos respecto de los alcances del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

            Como otro de los beneficios, señaló el especialista, está la creación de estándares respecto de la atención de las víctimas de injerencias a este derecho. “Al ser nuestro país declarado responsable de tales violaciones a los derechos humanos de las mujeres, le representa una oportunidad única de evaluar sus políticas de atención y garantía de acceso a la justicia”.

            Dentro de las actividades del seminario regional también se realizó el panel “Reparación del daño a las víctimas indirectas del territorio y desaparición de mujeres”, en el que participaron Verónica Ucaranza, de la Unidad de Igualdad del Poder Judicial de Jalisco; Mirza Flores, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso; Jorge Pardo, de la Unidad de Delitos de Violencia contra las Mujeres por Razón de Género y Trata de Personas de la Fiscalía del Estado; Taoki González, directora del programa Acompañas la Ausencia, del DIF Jalisco; y como moderadora Ana Lézit Rodríguez Chapula, relatora de los Derechos Humanos de las Mujeres, de la CEDHJ.

            En el panel se expusieron las acciones que se llevan a cabo en cada uno de los tres niveles de gobierno para lograr que la política de género permee en las acciones legislativas y de gobierno.

            En el seminario, participó personal de las defensorías públicas de la región Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la CEDHJ, titulares de las instancias municipales de las mujeres del área metropolitana de Guadalajara, elementos de las áreas de atención a la violencia de las mujeres de corporaciones policiales de zona metropolitana, regidoras y regidores de varios municipios y jueces, así como representes de asociaciones de la sociedad civil.