BOLETÍN 1 / Guadalajara, Jalisco, 8 de enero de 2019

LA CEDHJ PRESENTA RECOMENDACIÓN 50 SOBRE TEMACAPULÍN ANTE POBLADORES

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó ante pobladores e integrantes del Colectivo Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la Recomendación 50/2018 en la que solicitan a los ayuntamientos de Cañadas de Obregón y Mexticacán, así como al Gobierno del Estado, que se brinden garantías jurídicas, ambientales y culturales a los afectados por la construcción de la presa El Zapotillo.

En los portales de la plaza principal de Temacapulín, el defensor Alfonso Hernández Barrón dialogó con los habitantes de los tres poblados afectados.

Ahí les presentó la Recomendación e hizo un reconocimiento al trabajo en defensa de su tierra ante las autoridades.
“Temacapulín se convirtió en una escuela de cómo se deben defender las comunidades, es un símbolo en la defensa de los derechos humanos. Esta Recomendación es parte de ustedes y un reconocimiento a su esfuerzo que merece respeto y se les garanticen sus derechos fundamentales”, manifestó.

María Abigaíl Agredano Sánchez, presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, agradeció esta nueva Recomendación y el apoyo que la CEDHJ ha dado a los pobladores. En el mismo sentido se pronunciaron María de Jesús García, del Comité de Hijos Ausentes; Isaura Gómez, exdelegada municipal, y otros pobladores.

En la presentación estuvieron Gabriel Yáñez Ramírez, delegado de Temacapulín;  Gabriel Espinoza Íñiguez, del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, así como María Alcaraz Martínez, regidora de Cañadas de Obregón.

Recomendación 50/2018

El 31 de diciembre de 2009, esta defensoría emitió la Recomendación 35/2009, dirigida al gobernador del estado, con peticiones para los presidentes municipales de Cañadas de Obregón y Mexticacán, así como a autoridades legislativas estatales y federales, por las violaciones de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud.

Esto, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales de Jalisco y Guanajuato pretendían inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para la construcción de la presa El Zapotillo, sin cumplir con el debido proceso y sin respetar el derecho de consulta de las comunidades afectadas.

En dicha Recomendación, la CEDHJ solicitó a las autoridades de Jalisco gestionar ante la Conagua la suspensión de la obra mientras no se respetaran los derechos de las personas afectadas.

Después de diez años, esta defensoría retomó el caso y encontró que las autoridades estatales han incumplido con las recomendaciones emitidas por esta Comisión. Se ha concluido la cortina de la presa a una altura de casi ochenta metros y se han originado violaciones adicionales en agravio de los pobladores afectados, como el desplazamiento de la comunidad de Palmarejo; la construcción de viviendas en un predio rústico ubicado en Cañadas de Obregón y otro en Mexticacán, sin contar con la autorización municipal y sin la infraestructura social básica para la creación de una comunidad.

Además, persiste la incertidumbre jurídica de los residentes de las tres poblaciones afectadas por el temor de ser inundadas y reubicadas, aunado todo ello a la falta de información y transparencia sobre el proyecto.

Ante esto, la CEDHJ recomienda al Gobierno del Estado que se cumplan con eficacia las propuestas de la Recomendación 35/2009.

Asimismo, se reparen integralmente los daños de las comunidades desplazadas, se cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en los Principios Básicos y Directrices Sobre Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, citados en el presente documento, y se dote de tierras de cultivo para garantizarles el derecho a la alimentación y la vida campesina.

Se pide que, antes de tomar cualquier decisión sobre el avance del proyecto El Zapotillo, se audite el proyecto y se convoque a las comunidades afectadas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los especialistas, a revisar el estado actual de la presa El Zapotillo y se tomen decisiones sobre la obra con las comunidades afectadas y todos los actores involucrados.

Se realicen las obras de mantenimiento y monitoreo, ingeniería e infraestructura complementarias necesarias para evitar cualquier contingencia o daños materiales o humanos, que pudiera provocar el embalse de aguas en la presa El Zapotillo, que se encuentra concluida hasta el momento a una altura de 79.97 metros, entre otras peticiones.

A los municipios se les solicita que se vigile el cumplimiento estricto de los requisitos legales previstos en los ordenamientos municipales y estatales vigentes, respecto al otorgamiento de licencias municipales de construcción, enfocados sobre todo en el ordenamiento territorial, planeación, usos y destinos de suelos.

Que se dote de autonomía plena de gobierno al municipio libre, se diseñen y ejecuten las políticas públicas adecuadas para atender de manera específica la situación, tanto de posible reubicación de comunidades, como de creación de centros de población. 

De inmediato gestionen ante las autoridades estatales y federales los convenios en los que se establezcan compensaciones especiales por las obras y acciones que pudieran afectar los intereses legales del municipio o de su población, con motivo de los proyectos que se pretende ejecutar.

Se realicen reuniones periódicas tanto informativas como de consulta con los representantes, asociaciones o grupos de la sociedad civil, expertos y profesionistas interesados, o integrantes de las comunidades, en las que se aborde la problemática del proyecto de la presa El Zapotillo, en los cuales se analicen ejes transversales de solución del conflicto.

Por último, se diseñen políticas públicas en las que se considere dar los empleos a los ciudadanos oriundos y residentes de la zona, que se generen con motivo del mantenimiento de la presa, regulación y distribución de agua.