BOLETÍN 7 / Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 2016

DIRIGE LA CEDHJ RECOMENDACIÓN A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
POR ABUSO SEXUAL EN UN JARDÍN DE NIÑOS DE ZAPOPAN

* También se dirigió la Recomendación 1 a la fiscal de Reinserción Social por un multihomicidio en Puente Grande

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió las primeras recomendaciones de 2016.
La 2/16 va dirigida a Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación Jalisco, por el caso de una menor de edad que fue víctima de abuso sexual dentro del jardín de niños 660 María Bancalari Bassaury, ubicado en Zapopan, por el profesor de música Raymundo Rodríguez Ibarra.
El ómbudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo que fueron por lo menos cuatro niñas y dos niños quienes presuntamente habían sufrido abuso por parte del docente. “Se tuvo conocimiento de que las niñas fueron victimadas en un teatrino o escenario para marionetas dentro del salón de música, también llamado salón azul, localizado en la parte posterior del plantel”.
Álvarez Cibrián declaró que psicólogos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses revisaron a las niñas y emitieron una opinión técnica, según la cual observaron conductas con sintomatología de un posible abuso sexual en un contexto escolar, lo cual generó vulnerabilidad en la integridad física y psicológica de las alumnas.
“El servidor público Raymundo Rodríguez Ibarra, al abusar de su condición de profesor, así como de la cercanía con el alumnado, violó los derechos humanos de las menores de edad, a su integridad y seguridad personal y libertad sexual”, señaló.
El docente se encuentra formalmente preso desde el 17 de marzo, sujeto a proceso por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores en agravio de las cuatro niñas, y por cohecho, desde el 13 de marzo, en el Juzgado Primero de lo Penal.
El presidente de la CEDHJ solicita la reparación del daño de manera integral a favor de las menores de edad y de sus progenitores, conforme a la Ley de Víctimas y la Ley Estatal de atención a Víctimas.
Se le inicie, tramite y concluya un procedimiento sancionatorio por las violaciones de derechos humanos y se anexe copia al expediente. Respecto a la maestra, en la Recomendación se pide que se le realice una investigación administrativa para deslindar su responsabilidad sobre los hechos en que fueron transgredidos los derechos humanos de las menores de edad.
“Se brinde acompañamiento por parte del docente titular a quien imparta otras clases como deportes y música, a fin de no dejar sin supervisión al alumnado para evitar actos como los que motivaron la presente Recomendación”.
Se diseñen programas para sensibilizar a los servidores públicos del plantel educativo sobre el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por último, que se extremen y pongan en marcha medidas de seguridad y vigilancia en el centro escolar, a efecto de que se salvaguarde la integridad física y emocional de los educandos.
Al fiscal central, Rafael Castellanos, se le solicita que gire instrucciones al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal, a efecto de que lleve a cabo el debido seguimiento del proceso que se integra por estos acontecimientos, y al agente del Ministerio Público que corresponda, a fin de que se brinde el debido seguimiento al desglose derivado de la averiguación previa, y se emita la resolución que corresponda.

REINSERCIÓN SOCIAL
La 1/16 va  dirigida a Marisela Gómez Cobos, fiscal de Reinserción Social del Estado, por violación de los derechos a la vida y a la integridad y seguridad personal por el multihomicidio que se registró en el interior de un dormitorio en el penal de Puente Grande, informó Álvarez Cibrián.
“Durante la investigación de la queja se evidenció que el interno que privó de la vida a sus cuatro familiares que acudieron a visitarlo usó para ello un arma punzocortante que él mismo elaboró tres días antes, para lo cual tomó un alambre de malla ciclónica que está en los límites del dormitorio, al que le sacó punta con una lija hasta dejarla filosa y lo guardó en el taller”.
También se demostró que los policías custodios Sergio Mejía Fierros y Carlos Gerardo Gaucín Campos, adscritos a la Comisaría de Prisión Preventiva, no desempeñaron de manera adecuada sus funciones, puesto que no cumplieron con su responsabilidad de vigilar el dormitorio 2, ya que esa omisión facilitó que el interno fabricara un arma punzocortante, la mantuviera guardada y posteriormente la trasladara a su celda, en donde en distintos momentos asesinó a sus familiares.
La CEDHJ recomienda que se ordene la reparación integral del daño a los familiares directos de los fallecidos, de conformidad con la Ley General de Víctimas. Inicie, tramite y concluya un procedimiento sancionatorio en contra de los policías custodios Carlos Gerardo Gaucín Campos y Sergio Mejía Fierros.
Se realice un análisis integral de las necesidades del módulo 2 de la Comisaría de Prisión Preventiva, encaminadas a dotarlo de las instalaciones necesarias a fin de que los internos cuenten con áreas adecuadas para talleres, visita íntima y visita familiar, para evitar que puedan ingresar familiares y objetos peligrosos a sus celdas.
Instruya para que se haga un análisis integral sobre las necesidades de personal de vigilancia y custodia en todos los reclusorios y gestione lo pertinente para que se amplíe la plantilla de personal de vigilancia y custodia, a fin de cubrir las necesidades en todos los reclusorios dependientes de la Fiscalía de Reinserción Social.
Se solicita a las diputadas y diputados de las comisiones legislativas de Hacienda y Presupuesto, y de Readaptación y Reinserción Social del Congreso del Estado que gestionen la autorización de una partida presupuestaria extraordinaria para incrementar la plantilla de personal de custodia y vigilancia en los cuatro reclusorios del estado localizados en el núcleo penitenciario de Puente Grande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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