BOLETÍN 20 / Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2018

LA CEDHJ EMITE TRES RECOMENDACIONES POR TORTURA Y UNA MAS POR DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió cuatro Recomendaciones: tres por prácticas de tortura que van dirigidas a Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general del Estado, una de ellas también al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, y Consuelo del Rosario González, procuradora social del Estado; y la cuarta por dilación en la procuración de la justicia, que también va dirigida a la primera dependencia.

            Las autoridades aceptaron las resoluciones e informaron sobre los avances de las primeras acciones para cumplir con ellas, entre las que se destaca que la Fiscalía del Estado prepara la creación de una unidad especializada en investigación del delito de tortura.

La CEDHJ dará seguimiento para que también se cumpla la reparación integral del daño, incluyendo la compensación ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, en los casos que proceda, con motivo de las violaciones a los derechos humanos.

Recomendación 1/2018
Dirigida a la Fiscalía del Estado por la violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), al trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica por la agresión física y psicológica contra una persona.
El 23 de noviembre de 2016, una mujer presentó queja a su favor y de su cónyuge. Relató que el 29 de agosto, cuando se encontraba con su esposo y su hija menor de edad en su casa, llegaron policías de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado y encañonaron a su marido, esculcaron el domicilio y se llevaron diversas pertenencias. A ella y a su hija las metieron en un baño, mientras que al hombre lo subieron a la camioneta, propiedad de la familia, y se lo llevaron en ella.
Al ratificar la queja, el esposo manifestó que cuando los policías llegaron, lo golpearon y lo acusaron de haber cometido varios delitos. Dijo que dentro de su casa le dieron toques en las manos y testículos, mientras le preguntaban por supuestas armas, todo esto en presencia de su hija, a quien también aventaron.
El fiscal Raúl Sánchez Jiménez informó que ya giró oficio a la Dirección General de Contraloría y Visitaduría para que inicie la carpeta de investigación y el procedimiento de responsabilidad administrativa. Añadió que se anexó copia al expediente personal de los servidores públicos involucrados y se comprometió a que recibieran capacitación en materia de derechos humanos.
La CEDHJ recibió avances del acuerdo de creación de la unidad especializada en investigación del delito de tortura que implementará la Fiscalía General del Estado.

Recomendación 2/2018
Por la violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (lesiones y tortura), esta Recomendación es dirigida a la Fiscalía del Estado por la agresión contra tres personas procesadas.
La queja fue interpuesta el 11 de enero de 2016 por la jueza undécima de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien presentó constancias del expediente 392/2014-B, en donde se señala que los procesados declararon haber sido víctimas de tortura por parte de la autoridad ministerial consignataria de la Fiscalía estatal.
El 31 de enero, el director general del Centro de Vinculación y Seguimiento a la Defensa de los Derechos Humanos de la Fiscalía General informó que se solicitará el inicio, trámite y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, y que se giró la instrucción para que se continúe con el trámite y conclusión de la averiguación previa.
Además, se está trabajando en el acuerdo de creación de la unidad especializada en investigación del delito de tortura. También dijo que se proporcionará atención médica y psicológica a la parte agraviada.

Recomendación 3/2018
Dirigida al fiscal general del Estado, al Ayuntamiento de Zapopan y a la Procuraduría Social del Estado por la violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (lesiones y tortura), y por ejercicio indebido de la función pública.
El 23 de enero de 2017, la Comisión recibió queja de una persona que fue agredida por tres elementos de la Policía de Zapopan, quienes lo ofendieron y lo golpearon desde el inicio de su detención. Relató que ese mismo día fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde fue encerrado en un cuarto; ahí, dos policías lo golpearon, le dieron descargas eléctricas en los testículos, le quitaron sus pertenencias y nunca le informaron por qué estaba detenido.
Señaló que después de tres días se presentó un abogado, quien le llevó a firmar un juicio de amparo, pero no lo hizo porque los policías que lo agredieron lo amenazaron para que no lo hiciera. Posteriormente le dieron a firmar unos papeles que no le permitieron leer, y como se negaba a firmar, volvieron a golpearlo hasta que lo hizo.
Esta defensoría recabó diversos partes médicos y un dictamen psicológico, en los que se advierte de múltiples lesiones en su cara y cuerpo, así como trastorno de estrés postraumático.
El fiscal Raúl Sánchez Jiménez informó que se solicitó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, así como de la carpeta de investigación. Agregó que se impartirán cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los elementos involucrados y que se está trabajando en un acuerdo para crear la unidad especializada de investigación del delito de tortura en la fiscalía.
El alcalde Pablo Lemus informó que se remitió copia del oficio dirigido a Roberto Alarcón Estrada, comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, para que dé cumplimiento a los puntos recomendatorios aceptados.
La procuradora Consuelo del Rosario González Jiménez informó que giró instrucciones para agregar la resolución al expediente personal de los involucrados, como antecedente de sus conductas violatorias de derechos humanos. Añadió que solicitó al área de Planeación, Administración y Finanza en el Estado para que se considere de manera oportuna y permanente capacitación integral al personal de la dependencia.

Recomendación 6/2018
Fue dirigida a la Fiscalía General por violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, al acceso a la justicia por dilación, y negativa de asistencia a víctimas de delito.
El 2 de marzo de 2017 esta defensoría recibió la queja de una persona que señaló que el 1 de mayo de 2015, un vehículo de su propiedad, destinado al transporte público de pasajeros, fue robado cuando circulaba por la carretera Ocotlán–Jamay. Cuando interpuso la denuncia, los representantes sociales de la agencia del Ministerio Público de La Barca dilataron su integración con el argumento de que no se podía hacer nada con su asunto, por lo cual consideró que se le violó su derecho al acceso a la justicia. Además, ninguno de los representantes sociales ordenó las medidas que conforme a la Ley de Atención a Víctimas del Estado tenía derecho a recibir.
Jorge Alejandro Góngora Montejano, director general del Centro de Vinculación y Seguimiento de la Defensa de los Derechos Humanos, informó que ya se realiza el análisis y las gestiones para la reparación del daño a la víctima, y que se solicitará el inicio, trámite y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados, a cuyos expedientes se agregará copia.
Con el fin de tutelar el respeto de los derechos humanos, se giró instrucción al director regional Zona Ciénega para que tome las medidas y acciones a efecto de que sea más eficiente el manejo administrativo de los expedientes que tengan a su cargo, así como para fortalecer la actuación profesional del personal que labora en esa Dirección Regional.