BOLETÍN 9 / Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero de 2019

El gobierno del estado y el ayuntamiento de Cañadas de Obregón aceptaron la Recomendación sobre la Presa el Zapotillo y las comunidades afectadas.

La Recomendación 50/18, emitida por esta defensoría pública que acredita la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el debido proceso, a la propiedad o posesión, a la vivienda, a la libertad para el acceso a la información, al patrimonio común de la humanidad; y el derecho al desarrollo, en perjuicio de varias comunidades, fue aceptada por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de su secretario general Enrique Ibarra Pedroza y por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, a través de su síndica Adelaida Elizabeth Carbajal Torres, de acuerdo con los oficios presentados ante este organismo autónomo. El ayuntamiento de Mexticacán, solicitó una prórroga para resolver sobre el particular.

Esta resolución contiene la petición, dirigida al ejecutivo estatal y a los gobiernos municipales de Cañadas de Obregón y Mexticacán, para que también se acate lo estipulado en la Recomendación 35/2009, dado que no han sido atendidos ninguno de los puntos recomendatorios.

En esta Recomendación, de hace diez años, se consignaron  violaciones de derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, originados por la pretensión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales de Jalisco y Guanajuato de inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para la eventual construcción de la presa El Zapotillo, sin cumplir con el debido proceso y sin respetar el derecho de consulta de las comunidades afectadas.

            En aquella ocasión, esta Comisión recomendó al Gobierno del Estado gestionar ante la Conagua la suspensión de la obra mientras no se garantizaran los derechos de las personas afectadas.

Ahora la CEDHJ, solicita al gobernador de Jalisco, se reparen integralmente los daños de las comunidades desplazadas, se cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos en los Principios Básicos y Directrices Sobre Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, citados en el presente documento, y se dote de tierras de cultivo para garantizarles el derecho a la alimentación.

Se pide que, antes de tomar cualquier decisión sobre el avance del proyecto El Zapotillo, se audite el proyecto y se convoque a las comunidades afectadas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los especialistas, a revisar el estado actual de la presa El Zapotillo y se tomen decisiones sobre la obra con las comunidades afectadas y todos los actores involucrados.

Se realicen las obras de mantenimiento y monitoreo, ingeniería e infraestructura complementarias necesarias para evitar cualquier contingencia o daños materiales o humanos, que pudiera provocar el embalse de aguas en la presa El Zapotillo, que se encuentra concluida hasta el momento a una altura de 79.97 metros, entre otras peticiones.

 

A los municipios de Cañadas de Obregón y Mexticacán se les solicita que vigilen el cumplimiento estricto de los requisitos legales previstos en los ordenamientos municipales y estatales vigentes, respecto al otorgamiento de licencias municipales de construcción, enfocados sobre todo en el ordenamiento territorial, planeación, usos y destinos de suelos.

Que se diseñen y ejecuten las políticas públicas adecuadas para atender de manera específica la situación, tanto de posible reubicación de comunidades, como de creación de centros de población.

De inmediato gestionen ante las autoridades estatales y federales los convenios en los que se establezcan compensaciones especiales por las obras y acciones que pudieran afectar los intereses legales del municipio o de su población, con motivo de los proyectos que se pretende ejecutar.

Se realicen reuniones periódicas tanto informativas como de consulta con los representantes, asociaciones o grupos de la sociedad civil, expertos y profesionistas interesados, o integrantes de las comunidades, en las que se aborde la problemática del proyecto de la presa El Zapotillo y que se diseñen políticas públicas en las que se considere dar los empleos a los ciudadanos oriundos y residentes de la zona, que se generen con motivo del mantenimiento de la presa, regulación y distribución de agua.

 

 

 

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