Informe anual 2019 de la CEDHJ en el recinto del Poder Ejecutivo del Estado

En un acto de rendición de cuentas, el titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, presentó su Informe Anual 2019 ante el funcionariado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

El informe fue presentado ante el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, representante del gobernador constitucional Enrique Alfaro Ramírez. El documento destaca el trabajo realizado en tres dimensiones: la defensa de los derechos humanos, con la investigación de casos; la gobernanza, en la construcción de políticas públicas en comunidades de práctica, donde participan autoridades y organizaciones civiles; además de la cultura, mediante diferentes procesos que llevan a la toma de conciencia y apropiación colectiva de lo que son los derechos humanos.

Explicó que este órgano autónomo, en 2019 se vinculó con más de medio millón de personas; en la dimensión de defensa atendió a 32 mil 259 personas que presentaron queja o recibieron alguna orientación o representación con motivo del nuevo sistema de justicia penal; y más de 326 mil personas recibieron capacitación, tanto del sector público como del sector privado

La CEDHJ recibió 10 mil 913 quejas, incluyendo las de carácter colectivo, las cuales hoy marcan la agenda de relacionada con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y dio más de 16 mil orientaciones. Se elaboraron 285 actas de investigación y se abrieron 112 quejas de oficio, las mayores cifras en la historia de la CEDHJ.

Se emitieron 40 Recomendaciones, 26 dirigidas el Ejecutivo, Hernández Barrón resaltó la importancia de estas resoluciones y lamentó la resistencia de algunos servidores públicos para aceptarlas, aun cuando están sustentadas jurídicamente.  “Se debe comprender que una Recomendación más que un ataque a la autoridad, representa una amplia oportunidad para mejorar el quehacer del gobierno. Tienen que ser vistas y sentidas como un soporte para que las instituciones reencaucen su actuación frente a una violación, alcance sus fines y objetivos de atención y servicio dentro de un estado constitucional”. Destacó que las autoridades más señaladas como violadoras de derechos humanos son la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Educación, el IJCF y la Secretaría de Salud.

Hernández Barrón hizo un recuento del acompañamiento a víctimas y la gestión para que obtuvieran compensaciones económicas por más de cinco millones de pesos como parte de la reparación integral del daño, con lo que exhortó al representante del gobernador para que no se retrasen más los pagos compensatorios a las víctimas, ya que representa un acto de sobrevictimización, más aún cuando la defensoría pública acreditó las violaciones de derechos humanos.

El fondo que se destina a la atención a víctimas debe ejercerse con prontitud, porque “atrás de las víctimas hay historias de sufrimiento, hay historias de dolor y de necesidad, de gente particularmente de estratos económicos vulnerables”.
Ofreció articular un proyecto de capacitación para quienes integran el funcionariado de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. “Es una tarea sin duda, difícil, complicada, que requiere grandes esfuerzos, pero la CEDHJ está lista para asumir ese reto y nos ponemos a su disposición”. Reconoció a las instituciones del gobierno que se sumaron a los procesos de formación.

Resaltó la certificación externa NMX-025 en materia de igualdad y no discriminación, que obtuvo la Comisión, la cual muestra el compromiso de la defensoría con la perspectiva de género.

Expuso también la agenda de asuntos pendientes, como el cumplimento del Tercer Examen Periódico Universal sobre los Derechos Humanos en México, donde Jalisco puede ir a la vanguardia si incluye en su legislación y procesos los tratados y convenciones internacionales, “que pueden marcar positivamente el proceso de refundación que propone el gobernador”. Insistió en colocar el tema de los derechos humanos como eje rector del nuevo constituyente y la propuesta de cambio social del Ejecutivo.

Lamentó los casos de desaparición forzada que hoy vivimos, resultado de omisiones “de décadas de malas actuaciones, de décadas de corrupción y de impunidad que han llevado a que se hayan documentado, durante 2019, casos de desaparición forzada, esos casos que sólo se dan en regímenes dictatoriales. No puede Jalisco tener casos de desaparición forzada, no puede haber una sobrevictimización en los procesos de acceso a la justicia y de búsqueda. Ante ese dolor reiteramos el compromiso de nuestra institución y refrendamos que seguiremos trabajando al límite de nuestras capacidades”.

Añadió que deben implementarse políticas de Estado a favor de las víctimas y, por tanto, la necesidad de consolidar el sistema de atención a víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos. “En medio de las tensiones sociales que vive nuestro país, quienes estamos al frente de las instituciones hagamos el mayor esfuerzo por coordinarnos, por articular esfuerzos; pero, sobre todo, por colocar en el centro de nuestra situación a las víctimas y a la sociedad. Hoy no hay espacio para la confrontación, es una irresponsabilidad no realizar este esfuerzo de coordinación interinstitucional”.

Llamó también a fortalecer el mecanismo de adelanto desde el dolor de las víctimas de violencia por motivos de género. Es un reclamo que debe sacudir conciencias y movernos a la acción, señaló el defensor.

Al recordar el caso de feminicidio en el exterior de una de las sedes del Gobierno del Estado, expuso que es una muestra de las dimensiones que padecemos: “o nos sumamos a la salvación de la humanidad y nuestras comunidades, o nos sumamos a nuestra devastación”.

Respecto al presupuesto, solicitó al secretario general de Gobierno, respeto por los recursos de la defensoría pública de los derechos humanos, “hemos logrado ahorros significativos, recuperado partidas que no han sido entregadas. Hemos tocado las puertas y no han sido atendidos nuestros justos reclamos. Pedimos respeto por nuestro trabajo institucional”, dijo.

En cuanto a la Agenda Global 2030 de Desarrollo Sostenible, dijo que somos el único estado que no ha instalado su órgano de seguimiento e implementación y pidió que se incluyera a la CEDHJ para orientar el programa con enfoque de derechos humanos.

Asimismo, pidió atención y aceptación de las recomendaciones, informes y pronunciamientos de la CEDHJ, y concretar una mesa de trabajo para el saneamiento del río Santiago. “Las comisiones de derechos humanos son un aliado más del estado constitucional de derecho, donde la defensa y protección son el deber ser del Estado, son límites infranqueables del poder, pero además, guías vinculantes de su actuar”. concluyó.
Ibarra Pedroza, luego de escuchar el informe, aceptó la invitación para acentuar el diálogo y la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la CEDHJ.  Destacó el valor que tiene este organismo defensor de derechos humanos en la sociedad jalisciense y ofreció darle seguimiento a la Agenda 2030, así como revisar el presupuesto asignado a esta defensoría.

En el evento estuvieron presentes integrantes del gabinete del gobierno del estado como las  y los titulares de la Secretaría de Igualdad  Sustantiva, Fela Patricia Pelayo López;  Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes; Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Iván Sánchez Rodríguez; Secretaría del Sistema de Asistencia Social, José Miguel Santos Zepeda; el subsecretario de Derechos Humanos, Gerardo Ballesteros León  y el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

Para consultar el documento completo del informe, ingresa a: http://cedhj.org.mx/informes/CEDHJ-ANUAL-2019.pdf