BOLETÍN 81 / Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2016

CEDHJ EMITE RECOMENDACIÓN POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

Tres más fueron dirigidas por discriminación y homofobia, tortura y detención ilegal

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dio a conocer las siguientes Recomendaciones:

26/15
Dirigida a diversas instancias del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá por la violación de los derechos a la legalidad, salud, desarrollo y ambientales en perjuicio de los usuarios del parque de la Solidaridad.
Tras la investigación, la CEDHJ logró acreditar la contaminación ambiental que afecta a los usuarios del parque a través del arroyo de Osorio, que pasa por el centro de dicho lugar y que lleva consigo las aguas negras que recibe del arroyo El Rosario, a causa de descargas de particulares cuyas fincas no se encuentran conectadas al drenaje, así como los residuos sólidos y orgánicos que las personas arrojan y que quedan estancados en la compuerta de lo que fue la presa Osorio.
Dicha contaminación no es generada por el centro de recreación, sino que a éste le toca recibir y paliar los efectos nocivos generados por los arroyos que pasan por los municipios de Tonalá y Guadalajara; situación que el director del parque ha tratado de resolver solicitando a diversas dependencias estatales y municipales su intervención, sin lograr una solución integral de manera coordinada.
La Comisión logró acreditar que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), los ayuntamientos de Guadalajara y Tonalá, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Secretaría de Salud incurrieron en omisiones.
Recomienda a la Semadet, los gobiernos de Guadalajara y Tonalá, SIAPA, la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal del Agua, coordinarse en la planeación de acciones para dar atención eficaz del problema de contaminación en el parque de la Solidaridad y en los arroyos El Rosario y de Osorio.
Para resarcir el daño ambiental, pide que la Semadet, junto con los gobiernos municipales, controle y prevenga la contaminación del parque, se impulse la conciencia ecológica y se aplique la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. También, que se promueva lo necesario ante las dependencias correspondientes para que se practiquen estudios ambientales y epidemiológicos en los arroyos mencionados.
A los gobiernos de Guadalajara y Tonalá les solicita que se instalen contenedores en las vías públicas que colindan con el parque de la Solidaridad y el arroyo de Osorio, en cantidad suficiente y debidamente distribuidos.
Al SIAPA, que realice visitas de inspección a las colonias aledañas a los arroyos para revisar que ya no haya más descargas a los afluentes que se ubican en la zona y verificar que las empresas o fábricas que ahí se encuentren por ningún motivo depositen líquidos, lodos o desechos industriales.
Por último, a la Secretaría de Salud, que realice evaluación de riesgos y campañas de prevención y detección de enfermedades.

25/15
Destinada a Fernando Martínez Guerrero, presidente municipal de Cihuatlán, por la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en el resguardo de datos personales, y a la igualdad por actos de discriminación y de homofobia.
Un profesor de orientación sexual distinta a la heterosexual fue detenido por policías supuestamente por cometer faltas administrativas. Lo trasladaron a los separos de la cárcel municipal, donde, antes de su ingreso, le tomaron fotografías de frente y perfil con la insignia de la comandancia de Seguridad Pública de Cihuatlán al fondo.
Dichas imágenes fueron publicadas en varias páginas de redes sociales, donde fueron emitidas expresiones homofóbicas en su contra, así como calumnias por su preferencia sexual, denigrando y dañando su imagen profesional ante la comunidad.
Luego de la investigación, esta defensoría comprobó el indebido cumplimiento de la función pública por parte de los policías responsables de la protección de datos personales del aquí agraviado, ya que las fotografías que le fueron tomadas y que la autoridad tenía la obligación de resguardar, aparecen en diversas redes sociales en una franca violación de sus derechos de personalidad, y motivaron expresiones homofóbicas contra el docente.
En relación con las autoridades educativas señaladas, esta Comisión no tuvo los elementos de prueba suficientes para acreditar su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Sin embargo, se giran peticiones para garantizar el principio de igualdad y no discriminación en su centro de trabajo, y para asegurar el enfoque diferencial y especializado en el acceso a la justicia de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, (LGBTI) o quienes se asumen como tales.
La Comisión recomienda al edil de Cihuatlán que ordene al área competente investigar los hechos documentados, analizar las actuaciones y el nivel de participación de los policías, y elaborar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra quienes resulten responsables. También, que se agregue copia a sus expedientes administrativos y se inscriba la presente Recomendación en el Registro Policial Estatal.
Que el ayuntamiento repare el daño a la víctima, de conformidad con la Ley General de Víctimas y los instrumentos internacionales invocados en la Recomendación; y se ofrezca una disculpa a la víctima por los actos u omisiones violatorias de derechos humanos en que incurrió el personal de la Comisaría de Seguridad Pública.
Se instruya y se institucionalice la capacitación permanente del personal que actúa como primer contacto de las víctimas en el conocimiento y comprensión de los derechos de las personas LGBTI o de aquellas que se perciban como tales, y que garanticen la atención especializada y la correcta aplicación de las medidas destinadas a proteger su integridad física y psicológica, la privacidad, dignidad y acceso efectivo a la justicia.
Aunque no están involucradas, la Comisión pide al director del Cecytej, Francisco Javier Romero, emprenda una campaña para eliminar los estereotipos, el estigma y la invisibilidad para modificar los patrones de conducta sociales y culturales dañinos, así como combatir los prejuicios y las costumbres discriminatorias y erradicar estereotipos que puedan legitimar o exacerbar la violencia en contra de este sector de la población.
Al fiscal de Derechos Humanos, Dante Jaime Haro Reyes, instruir sobre la revisión y actualización de protocolos y manuales existentes y diseñar, poner en práctica e institucionalizar programas de capacitación permanente a agentes del Ministerio Público, policías y profesionales de medicina forense, para garantizar una formación efectiva en el conocimiento y respeto a la orientación sexual.

24/15  
Está dirigida al comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto Alarcón Estrada, y al comisionado de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, por violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad física y seguridad personal (tortura), al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica (ejercicio indebido de la función pública).
Esta Recomendación se refiere a la retención de dos mujeres elementos policías de Zapopan por sus compañeros, quienes sufrieron actos de tortura por parte de policías investigadores de la Fiscalía General.
Esta Comisión acreditó la actuación ilegal de los policías investigadores, así como de la Policía de Zapopan, puesto que se excedieron en el ejercicio de sus atribuciones. Se comprobó que existió tortura, pues además de los partes médicos que describen las lesiones causadas, se recabaron dictámenes psicológicos de estrés postraumático, misma que utilizaron como método con el fin de obligar a las quejosas a firmar una declaración inculpatoria en la comisión del delito de cohecho y delincuencia organizada.
La CEDHJ solicita a Seguridad Pública de Zapopan inicie, tramite y concluya un procedimiento de responsabilidad y anexar copia de la presente Recomendación en el Registro Policial Estatal y en los expedientes laborales de Silverio Muñoz Loza, adscrito a la Comisaría General de la corporación, y de los elementos involucrados.
Al comisionado de Seguridad Pública del Estado se le solicita que se inicie, tramite y concluya el procedimiento de responsabilidad contra Gerardo Ruiz Villalvazo, Víctor Hugo Vega Salcedo, Miguel Enrique Flores Castañeda, Carlos Gerardo Zúñiga Rodríguez, Martín Rodríguez Bejarano, elementos de la Policía Investigadora; y en el caso del exservidor público Jorge Luis Castañeda Luévanos, se anexe copia de la presente Recomendación a su expediente laboral, a fin de que se tome en cuenta en caso de que quisiera reingresar. 
Además, instruya a quien corresponda que tramite, integre y en su oportunidad resuelva la averiguación previa que se haya ordenado abrir en acatamiento a la propuesta segunda de la sentencia emitida por la Sexta Sala Penal, en contra de los mencionados elementos de la Policía Investigadora y de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.
Se ordene a ambas dependencias, realizar la reparación integral del daño a las aquí agraviadas, conforme a las medidas previstas en la Ley General de Víctimas.

23/15
Dirigida al comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto Alarcón Estrada, por violación de los derechos a la privacidad, libertad personal integridad y seguridad personal, y legalidad, ya que elementos de la corporación detuvieron a una persona, a quien golpearon y acusaron ante un juez de los delitos de amenazas y lesiones en agravio de los uniformados.
Luego de recabar documentales y testimonios, este organismo concluye que los policías de Zapopan Pablo Morales Aguirre, Víctor Manuel Martínez Venegas y Rigoberto Ibarra Rodríguez, de manera activa; y su compañero Juan Pablo Flores Castro, de forma pasiva, violaron los derechos a la privacidad, libertad personal, integridad, seguridad y legalidad del quejoso. El policía Luis Alberto Miramontes Herrera, por su parte, violó el derecho a la libertad personal, integridad, seguridad y legalidad del inconforme, tal como se sustentó en la presente resolución.
Esta Comisión solicita a dicha autoridad que inicie, tramite y concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los policías. Se abra el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del policía Luis Alberto Miramontes Herrera, por haber violado el derecho a la libertad personal, integridad y seguridad personal, y legalidad del quejoso, en el que determine la responsabilidad en la que pudo haber incurrido.
También ordene que se agregue copia de la presente resolución al expediente administrativo de todos los policías involucrados, como constancia de que violaron derechos humanos en los términos de esta Recomendación.
Aunque no está involucrada en el tema, pero sí dentro de sus atribuciones, la Comisión pide al fiscal central del Estado, Rafael Castellanos, que instruya a la agente del Ministerio Público 13 de Abuso de Autoridad para que integre y resuelva en forma expedita y con eficiencia la averiguación previa 9952/2015-B, y que en las investigaciones se tomen en cuenta los argumentos y evidencias expresados en la presente resolución.