BOLETÍN 74 / Guadalajara, Jalisco, 24 de junio de 2016

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos concentra todas las responsabilidades del servicio público: Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

• Culminó el foro regional Servicios Públicos y Derechos Humanos

“El respeto irrestricto de los derechos humanos es la principal obligación constitucional de los servidores públicos por encima de cualquier ley”, afirmó el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, durante su intervención en el foro regional sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos. Destacó que el respeto de la cultura de los derechos humanos garantiza el cumplimiento de todas las responsabilidades del servidor público, cualquiera que sea su rango y el nivel en el que se desenvuelva.

En la conferencia magistral denominada “Los servicios públicos y los derechos humanos”, lamentó que la llamada reforma de derechos humanos de junio de 2011, aun cuando es la más importante desde la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no haya permeado aún en el actuar de muchos servidores públicos. Como ejemplo, explicó que el trabajo legislativo no ha logrado adecuar o armonizar leyes y reformas en la materia, y que lejos de acatar el principio de progresividad contenido en el artículo primero constitucional, puede parecer que hay retroceso, dijo.

Exhortó a los asistentes a actuar con el compromiso de ser mejores. “Si queremos que esta sociedad mexicana, jalisciense, se fortalezca en la cultura democrática y de la observancia del Estado de derecho, tenemos que apostarle a dar más cada uno de nosotros; a ser más responsables y más cumplidores con la Constitución, con los tratados internacionales y las leyes que nos obligan y exigen.

No entender esta dinámica solo truncará el progreso y avance de México, “donde hay grandes flagelos como la corrupción, la impunidad y la inseguridad pública; no nos queda otra opción más que, cada uno, desde su función pública, desde su trinchera, hagamos las cosas de una manera comprometida; hoy por hoy, el respeto pleno de los derechos humanos, como principal obligación de todas y todos los que estamos desempeñándonos en la función pública, no nos engañemos, no hay una responsabilidad mayor, esta es la principal, la que engloba todas las responsabilidades del servidor público”, afirmó.

 

Conclusiones de las mesas de trabajo

El sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Ulises Carmona Tinoco, comentó que luego del foro regional Servicios Públicos y Derechos Humanos, se avanzó de manera sustancial.

Agregó que este tipo de actividades enriquecen los espacios temáticos que se discuten y se exponen en las mesas de trabajo, así como nuevos planteamientos y deberes.

Dijo que dada la interdependencia que tienen no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos y culturales, es ineludible que ambos convergen en la satisfacción de los servicios públicos.

“A pesar de que los servicios públicos han sido comprendidos o generados en el ámbito del derecho administrativo, y con esa visión éstos deben garantizar sobre todo a la luz de la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011, deben cumplir en la actualidad con esa transversalidad que implica atender los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que vinculan a todas las autoridades del país.”

Carmona Tinoco dijo que el Estado se encuentra obligado a generar todas las acciones para garantizar que los servicios públicos sean no sólo de calidad, sino también accesibles y que lleguen a todas las personas por igual, sin transgredir los derechos de otros o de la propia colectividad.

Estos servicios deben ser prestados, diseñados con una perspectiva de equidad y de respeto a la dignidad humana, lo cual puede conseguirse mediante la realización y reforzamiento de políticas públicas a favor de grupos como las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, para acercarnos en este sentido a lo que se denomina ciudades incluyentes.

Para garantizar el cumplimiento del mínimo vital que tiene toda persona en la sociedad, el Estado ha recurrido a la figura de las concesiones; esto, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas, que deben sustentarse en una perspectiva de derechos humanos; es decir, respetando el disfrute de los derechos básicos, y protegerlos mediante la puesta en marcha de políticas públicas en pro del interés general de la población.

“Yo diría que incluso se dejó también ver que el tema de las concesiones debe ser en sí mismo, a su vez, un medio para satisfacer necesidades que el Estado en ocasiones no alcanza a cubrir, pero este modelo de las concesiones también debe pasar por un matiz de derechos humanos.”

El encargo a entidades privadas no libera al Estado de sus obligaciones de protección o de vigilancia del cumplimiento de estos derechos, recalcó el sexto visitador general.

Con la reforma constitucional de 2012, en el artículo 4º, sexto párrafo, al reconocer el derecho humano al agua, el Estado enfrenta la necesidad de establecer políticas públicas basadas en lo importante que es abastecerla y facilitarle a la población el acceso junto con otros servicios de primera necesidad. Ello debe hacerse por medio de los mecanismos jurisdiccionales correspondientes, y también con la protección de los no jurisdiccionales, ya que tanto unos como otros tienen una función separada y complementaria a la vez en la protección de los derechos, sin olvidar que quienes tienen las obligaciones primarias en este sentido son las autoridades de los diversos órdenes de gobierno.

 

 

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