BOLETÍN 52 / Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2019

 

LA CEDHJ EMITE LA RECOMENDACIÓN 9/2019 POR DILACIÓN EN ENTREGA DE VEHÍCULO ROBADO; YA FUE ACEPTADA POR LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió la Recomendación 9/2019 a la Fiscalía del Estado de Jalisco por la violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la propiedad, por la dilación en la entrega de un vehículo que fue recuperado y que de manera irregular se ordenó remitir a un depósito particular. Esta Recomendación ya fue aceptada por la dependencia a excepción del inicio del procedimiento administrativo a los agentes del ministerio público que intervinieron en los hechos.
En enero de 2018, esta defensoría recibió la queja de una persona que denunció que en la Fiscalía del Estado le entregaron su vehículo 87 días después de haber sido localizado, con un cobro diario de 110 pesos, pues su automotor se encontraba en un depósito particular y no en uno del entonces Instituto Jalisciense de Asistencia Social.
La víctima relató que el 6 de julio de 2017 le robaron su vehículo y que realizó la denuncia del hecho. El automóvil fue recuperado el mismo día del hurto y puesto en un depósito particular. Después de 87 días, el IJAS giró la orden de devolución junto con un cobro por concepto de pensión de 110 pesos diarios, lo cual consideró injusto.
La investigación realizada por la Comisión comprobó que las autoridades involucradas aseguraron el automotor y lo resguardaron en un depósito privado, lo que provocó la violación de los derechos humanos a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo, en perjuicio de la persona agraviada.  A pesar de la claridad de las irregularidades, la autoridad se negó a resolver el caso.
También se acreditó que, más allá de las acciones y omisiones particulares de cada uno de los funcionarios públicos, se evidencia una responsabilidad institucional al revictimizar al quejoso, ya que después de haber sufrido un robo tuvo que esperar casi tres meses para que le dieran la orden de devolución de su vehículo.
Además, la víctima sufrió las consecuencias del error de no haber ordenado el envío del coche a un depósito oficial, donde se pudiera hacer efectivo el beneficio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para no pagar la cuota por los días de resguardado; ni se corrigió que se hubiese enviado a un depósito particular.
Se determinó que por el actuar irregular e ilegal, cuatro agentes del Ministerio Público violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica y a la propiedad de la víctima.
El 10 de junio, la Fiscalía del Estado aceptó la Recomendación 9/2019. Informó que realizaran las gestiones ante las instancias que estén a su alcance con el propósito de que le sea devuelto el vehículo a la víctima sin cargo alguno.
Respecto al inicio, tramite y conclusión del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público, no se aceptó, por lo que esta defensoría pública solicitó la reconsideración, al ser una obligación legal de todas las dependencias, el de investigar hechos que pudieren constituir probables responsabilidades administrativas.
Como medida de no repetición, la Fiscalía estatal se comprometió a cambiar las prácticas administrativas que redunden en la prevención de futuras violaciones de derechos humanos, por lo que requerirá a las instancias respectivas que giren instrucciones a los agentes del Ministerio Público para que ingresen los vehículos asegurados sólo a depósitos oficiales, utilicen las reglas estándar de valoración de los datos de prueba del sistema de justicia adversarial y que el procedimiento de devolución sea ágil y expedito, con el fin de no revictimizar a las personas agraviadas.

           

            En respuesta a la petición que se le hizo a la Secretaría General de Gobierno, en el sentido de que informe cuál será el organismo que se encargará de las atribuciones que le eran concedidas al entonces Instituto Jalisciense de Asistencia Social para exentar del pago a las personas físicas propietarias de vehículos que hayan sido objeto de robo o producto de secuestro en Jalisco, recuperados por cualquier autoridad y asegurados en los depósitos públicos. Señaló que es la Secretaría de Administración a través de la modificación que se realizó al artículo 25 de la Ley de Ingresos, mediante decreto 27229/LXII/19 del 31 de enero del año en curso, publicado en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco el 1 de febrero de 2019.

 

 

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