BOLETÍN 29 / Guadalajara, Jalisco, 24 de marzo de 2015

La CEDHJ dirigió Recomendación al titular de los Servicios Médicos de Salud Jalisco por la violación del derecho a la protección de la salud

• También dirigió Recomendaciones a los titulares del Centro de Reinserción Social, Fiscalía Regional y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió cuatro Recomendaciones. La 12/2015 fue dirigida al doctor Jaime Agustín González, director de Servicios de Salud Jalisco, por la violación del derecho a la protección de la salud.

Un hombre y una mujer presentaron queja en contra de los médicos Pedro Esparza Vázquez, Rafael Aarón Pérez González y Alfredo Macháin Loera, adscritos al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, por considerar que incurrieron en violaciones de derechos humanos que afectaron la salud de su hijo recién nacido.
Explicaron que la mujer no fue atendida adecuadamente, pues a pesar de que presentaba pelvis estrecha, la trataron como un parto normal y posteriormente le practicaron una cesárea, con la que el bebé sufrió asfixia y afectaciones a su salud.
El ombudsman solicitó al titular de Servicios de Salud un procedimiento sancionatorio en contra de los médicos involucrados; que se garantice la reparación integral del daño a los quejosos; y que instruya al personal médico para que a todas las pacientes que acudan a solicitar atención se les realice una adecuada historia clínica y se aplique la NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico.
También pidió que se exhorte al doctor Alfredo Macháin Loera, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, para que fortalezca las acciones de supervisión en el área a su cargo, a fin de que su personal cumpla eficazmente su función.

Recomendación 9/2015

Dirigida a Raúl Alejandro Velázquez, encargado del despacho de la Fiscalía Regional, y a Luis Octavio Cotero Bernal, director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, respectivamente.

Un ciudadano denunció el robo de su camioneta en El Salto. Tiempo después, personal de la agencia del Ministerio Público de Zapotlanejo le informó que el vehículo fue recuperado, por lo que acudió a ese sitio con la respectiva documentación, pero en la Fiscalía le solicitaron 3 mil 500 pesos si deseaba la entrega el día siguiente, que desde luego no entregó.

El inconforme viajó en repetidas ocasiones de una agencia a otra, le extraviaron los dictámenes y cuando obtuvo la liberación del automotor, diez meses después, le exigieron el pago de  más de 15 mil pesos como pensión, lo que consideró injusto.

En los puntos recomendatorios se pide procedimientos sancionatorios en contra del agente del Ministerio Público Gerardo Vázquez Flores y del perito Joel Sandoval Hermosillo, para que garanticen la reparación del daño en especial disponer lo correspondiente para efectuar el pago para hacer efectiva la devolución de su vehículo, o en su caso, realicen las gestiones necesarias para que el depósito donde éste se encuentra condone la deuda para que pueda serle entregado.

Al fiscal central del Estado se le pide que tramite la averiguación previa en contra del agente del Ministerio Público y del perito por su probable responsabilidad penal en los delitos de abuso de autoridad y los que resulten.

Recomendación 10/2015

Fue dirigida a la fiscal de Reinserción Social, Marisela Gómez Cobos, por violación de los derechos a la vida, integridad, seguridad personal y protección de la salud.

La queja la interpuso una mujer a favor de su finado hijo, en contra del inspector general del Centro de Reinserción Social y del personal de custodia y vigilancia que estuvo de guardia el 20 de marzo de 2014 en el pabellón psiquiátrico, fecha en la que su hijo se quitó la vida. El ahora occiso padecía cuadros depresivos y era portador de VIH.

Esta institución recomendó a la fiscal que realice la reparación del daño a los deudos y que tramite un procedimiento sancionatorio en contra de Luis Vicente Franco, encargado de la Coordinación del Centro Psiquiátrico Penitenciario. También se pidió que personal de ese centro reciba cursos de capacitación en los temas de salud mental, laboral y derechos humanos, y que se elabore un análisis de las necesidades del centro.

Sin estar involucrada en los hechos, se solicitó a la directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental que gestione el presupuesto para la adecuación de una infraestructura suficiente para albergar a las personas declaradas inimputables.

Al Consejo de la Judicatura del Estado se le pidió que, una vez que el CAISAME cuente con infraestructura y personal especializado, instruya a los jueces y magistrados para que cuando se determine la inimputabilidad de una persona por enfermedad mental, no sea internada en el Centro Psiquiátrico Penitenciario, sino en CAISAME o en algún otro lugar habilitado para su tratamiento.

Recomendación 11/2015

Dirigida a Raúl Alejandro Velázquez, encargado del despacho de la Fiscalía Regional, por violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

            Un hombre se quejó por la muerte de su hijo, atacado a balazos en Juanacatlán por el presunto hermano de un conocido boxeador y de un regidor del municipio. El arma utilizada en el crimen estaba bajo resguardo de un policía que era escolta del presidente municipal.

La CEDHJ constató que tanto el agente investigador Gustavo Collazo como el agente del Ministerio Público Israel Vargas dilataron la investigación intencionalmente.

Al fiscal regional se le solicitó un procedimiento sancionatorio de responsabilidad en contra de los agentes involucrados, y al presidente municipal de Juanacatlán se le solicitó una amonestación por escrito al director de Recursos Humanos o director administrativo de ese ayuntamiento, ya que no colaboró con esta Comisión en la integración de la queja, pues omitió rendir la información que se le pidió.

Todas las autoridades deberán informar la aceptación o no dentro de diez días.

 

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