BOLETÍN 52 / Guadalajara, Jalisco, 3 de mayo de 2017

Síntesis del Diagnóstico e informe especial sobre las acciones gubernamentales enfocadas en atender y prevenir el acoso escolar en la zona metropolitana de Guadalajara.

El acoso escolar se define como una conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que realiza un estudiante o grupo de estudiantes sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera reiterada.  No pasa inadvertido que el maltrato, el sometimiento y el abuso entre iguales es una dinámica compleja que requiere su visualización, análisis y estudio desde la perspectiva de los derechos humanos.
El acoso escolar es también conocido como bullying, y se caracteriza por la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, lejos de la mirada de los adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima.
Este fenómeno también se explica como el abuso de poder sistemático, repetido y deliberado. Atenta contra el derecho de los niños y adolescentes a sentirse seguros en un entorno escolar socioafectivo positivo, afectando negativamente a su desarrollo psicológico y social.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tendencia del acoso escolar sigue al alza. En 2012, México se ubicó en primer lugar a escala internacional en casos de acoso escolar.
Lo alarmante del fenómeno es que en 2016, es decir, cuatro años después, México sigue ocupando el mismo lugar en cuanto a víctimas de acoso escolar.
Se estima que en México, alrededor de dieciocho millones de personas han sufrido acoso escolar, el cual se manifiesta en humillaciones, insultos, amenazas y golpes. Las repercusiones que tiene esta problemática pueden ser futuras. Por ejemplo, existen estudios que señalan que las víctimas pueden tener ideas suicidas, según especialistas.
De acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Educación Jalisco, el acoso escolar aumentó de 2012 a 2013 en 30 por ciento, lo que lo convierte en una problemática seria para el Estado.
Se han generado políticas públicas para mitigar y erradicar la violencia, como la creación de un marco legal que permitiera una estrategia interinstitucional y conjunta para hacer frente al acoso escolar.
El 12 marzo de 2012 se reformó la Ley de Educación del Estado de Jalisco, y en ella se dispone la puesta en marcha de programas permanentes de capacitación y orientación a las personas encargadas de la dirección, docencia y administración en temas de prevención, atención de acoso y de violencia escolar.
El objetivo general de este análisis es identificar las acciones gubernamentales que atienden y previenen el acoso escolar en la zona metropolitana de Guadalajara.
El objetivo particular consiste en identificar a las autoridades gubernamentales y las acciones que han emprendido en atención al problema del acoso escolar; cuantificar los programas y acciones gubernamentales que lo atienden en las escuelas de la zona metropolitana y descubrir cuáles han sido las tendencias de este fenómeno más atendidas por parte del Estado.
En el presente estudio se encontraron algunas limitaciones. Si bien se contó con una muestra representativa para los fines del estudio, a su vez los resultados no pueden ser ampliados ni generalizados.
Se encuentran indicadores de que las variables estudiadas podrían ser complementadas en el futuro con un estudio cualitativo que aborde con profundidad y desde diversos ángulos el mismo tema. De igual forma, los resultados no cumplen con fines predictivos, sino únicamente informativos y descriptivos.
Un limitante claro es que la base de datos no fue corroborada en una investigación documental o de campo. Partimos de la información que las autoridades requeridas brindaron, sin que se haya corroborado lo ahí establecido.
Respecto al procedimiento, se realizó un análisis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, para identificar a las autoridades vinculadas con el tema de acoso escolar y cuáles eran sus obligaciones. A partir de la información obtenida se creó un cuestionario que relacionaba las obligaciones descritas en los artículos con preguntas sobre la práctica y aplicación de dicho artículo.
La recolección de datos se hizo mediante solicitudes de información tramitadas por la unidad de transparencia. Las solicitudes fueron a título personal, debido a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios imposibilita que entre instituciones públicas se utilice la línea de transparencia.
La muestra se aplicó en las siguientes 13 dependencias públicas estatales y municipales: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Sistema DIF Jalisco, Fiscalía General, Procuraduría Social, Instituto de Justicia Alternativa, y en los ayuntamientos de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.
A partir de este reactivo sólo se registran las 11 dependencias públicas que refirieron sí tener programa, acción o capacitación para erradicar o atender el acoso escolar. Se ha interpretado que las principales labores de dichas autoridades son en el ámbito preventivo. Los mecanismos de atención del acoso escolar van desde la línea interinstitucional 01800 suma paz, mediaciones escolares y atención médica, psicológica o de trabajo social.
La forma en que se solicitan los programas o acciones es mediante oficio, comunicado o solicitud institucional. Lo anterior, con relación a que la mayoría de las labores son preventivas.
Es positiva la tendencia de las instituciones encuestadas respecto a la evaluación de los programas que aplican, enfocadas en combatir el acoso escolar. El 75 por ciento de las instituciones tiene algún mecanismo de evaluación que permite medir la efectividad de los programas empleados. Esta estrategia genera indicadores sobre cuáles son los caminos óptimos y cuáles no están funcionando. El conocimiento del impacto de los programas evita el desperdicio de recursos públicos y maximiza su efectividad.
Respecto a la intervención por parte de las autoridades, ésta se focaliza en capacitaciones, específicamente en aquellas ligadas a la prevención. En lo referente a la atención psicológica, la cifra de intervenciones es baja. Además, es interesante la escasa participación de profesionales que podrían aportar directamente a la solución del conflicto, como lo sería trabajo social.
Los resultados muestran una clara tendencia a la prevención. Si bien este rubro es primordial para evitar nuevos casos de acoso escolar, también deben aumentar las estrategias de atención al fenómeno. Recordemos que el problema ya ha alcanzado cifras altas y que no se puede ni se debe descuidar su atención.
Conclusiones
Es de vital importancia identificar y delimitar la práctica de modelos como el de la mediación en temas de acoso escolar. Lo anterior, a fin de aplicar el modelo adecuado como la negociación distributiva, mediación transformativa, circular narrativa, asociativa y restaurativa para el manejo adecuado del equilibrio del poder de acuerdo con cada suceso conflictivo.
La intervención que deben realizar los servidores públicos de Jalisco debe ser diferenciada; es decir, no todas las intervenciones por medio de la mediación deben tener las mismas características, sino que éstas deben basarse en el tipo de los elementos que subyacen al fenómeno del acoso escolar.
Debe reafirmarse que los métodos alternativos de solución de controversias tienen como principio rector la voluntariedad de las partes. No debe perderse de vista, en especial si por la gravedad, impacto o temor de alguna de las partes en el proceso no es su deseo participar en dicho encuentro.
Debe apelarse al principio de flexibilidad y disponer los ajustes necesarios del modelo para que, sin perder la eficacia, genere opciones adecuadas para su posible intervención, y que por otra parte, no sea el modelo de mediación la única y exclusiva forma o mecanismo para regular o resolver actos de violencia; es decir, que no basta con un solo protocolo de atención para todos los casos relativos a acoso escolar. El Estado debe tomar en cuenta las diversas vertientes y participantes en el fenómeno del acoso escolar y dar un horizonte de intervenciones más amplio.
De forma positiva se resalta el trabajo interinstitucional de la mayoría de las dependencias evaluadas. La conjunta labor genera estrategias más completas y de mayor alcance para la población escolar.
Bajo el dato estadístico de que la dinámica de convivencia violenta en las escuelas gana terreno, se considera que se debe, en buena parte, a la desarticulación de los programas y a la aplicación de programas ineficaces. Si bien previamente se afirmó que existe un trabajo interinstitucional, es importante señalar que este se encuentra desarticulado o que al menos podría estar mejor articulado.
Por todo lo expuesto en este diagnóstico e informe especial, se concluye que es indispensable la aplicación de políticas públicas transversales no sólo entre los niveles estatal y municipal, sino dentro de sus propias estructuras, que generen el objetivo común de que las escuelas de Jalisco sean espacios libres de violencia. La educación en ambientes sanos debe respetarse y garantizarse como un derecho fundamental de quienes integran la comunidad educativa, y centrarse en los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos.
Proposiciones
Primera. A la Secretaría de Educación Jalisco se le solicita que las escuelas en todos sus niveles cuenten con sistemas internos de resolución no violenta de conflictos, que permita desde las primeras manifestaciones de este, su abordaje e intervención integral. Se le sugiere además propiciar la construcción de relaciones sólidas, pacíficas, asociativas y respetuosas entre la comunidad estudiantil.
Segunda. Al sistema DIF Jalisco se le pide que el trabajo interinstitucional se lleve a cabo desde una visión pacífica y socializadora que genere la solución, regulación y derivación de los conflictos entre pares.
Tercera. Al Instituto de Justicia Alternativa se le solicita generar acciones de atención integral para solucionar la problemática en las escuelas donde se tengan datos o información sobre dicho fenómeno.
Cuarta. A todos los ayuntamientos, ampliar las acciones para que vayan más allá de pláticas preventivas. Es decir, debe identificarse el acoso y a los involucrados para su atención y derivación, según sea el caso, y contar con áreas de educación, articulando las acciones preventivas y de canalización dentro de la estructura municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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