BOLETÍN 56 / Guadalajara, Jalisco, 3 de mayo de 2017

Síntesis general de los diagnósticos e informes especiales de niñez

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que la niñez tiene pleno derecho al desarrollo físico, mental y social, y  a expresar libremente sus opiniones. Es también, como primera norma internacional sobre los derechos de los niños y niñas, de carácter obligatorio para los Estados firmantes, quienes deben adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos todos sus derechos.
A partir de esta premisa y en acato a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, que en su artículo 89, apartado segundo, establece que esta Comisión Estatal debe brindar protección efectiva, observancia, promoción, estudio, diagnóstico y divulgación de sus derechos, razón por la que se realizaron siete diagnósticos e informes especiales respecto a su situación en nuestro estado.
Los rubros que se analizaron en estos diagnósticos e informes especiales fueron:
Niñez en situación de y en la calle
Niñez indígena
Niñez privada de su libertad
Niñez institucionalizada
Niñez con discapacidad
Niñez migrante
Niñez con violencia escolar

Niñez en situación de y en la calle
Este diagnóstico e informe especial se llevó a cabo con el objetivo de  identificar y evaluar la problemática que viven las niñas, niños y adolescentes en situación de y en la calle de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, y la consecuente violación de sus derechos humanos. Así como para conocer si existen políticas públicas eficaces por parte de las autoridades municipales y estatales competentes, encaminadas a atender y proteger sus derechos al trato digno, igualdad, protección de la salud, educación y al desarrollo en los citados municipios.
Su elaboración se sustentó en diversas herramientas metodológicas, destacando la investigación de campo en los cruceros callejeros, plazas, mercados y otros sitios de la zona metropolitana de Guadalajara donde se detectó su presencia, a quienes se les entrevistó sobre su actividad en la calle y otros aspectos generales. De igual forma se recabaron documentos de diversas autoridades federales, estatales y municipales; se entrevistó a organizaciones de la sociedad civil que tienen como misión la defensa de los derechos de la niñez callejera; se analizó diversa información periodística sobre el caso; y se estudiaron los datos obtenidos y la distinta normativa local, nacional e internacional.

De las entrevistas realizadas pudo determinarse que les resulta más difícil acceder a servicios básicos como la educación, la atención de la salud, la vivienda digna, la alimentación adecuada, tiempo libre y la recreación, la práctica deportiva y el pleno desarrollo; ello sumado a la discriminación, desigualdad de oportunidades y un futuro incierto, que los ubica como un grupo con alta vulnerabilidad. La mayoría de ellos no son huérfanos, muchos mantienen contacto con sus familias y trabajan en las calles para aumentar los ingresos del hogar. Muchos otros han huido de sus casas como consecuencia de problemas familiares.

De la investigación realizada destaca el hecho de que ese grupo se ve más en los municipios de Guadalajara y Zapopan. Al ser entrevistados, el 30 por ciento manifestó que desde que se acuerdan trabajan en la calle; otro 30 por ciento dijo que desde hace tres meses; 22 por ciento, desde hace un año. Sus edades oscilan desde los 3 a los 17 años, de los cuales 86 por ciento son varones. El 6.6 por ciento no cuenta con acta de nacimiento; en su mayoría tienen familia y viven en una casa; el 5 por ciento vive en un albergue y otro tanto en la calle. El 93 por ciento percibe alguna remuneración por la actividad que realiza, en su mayoría de 100 a 150 pesos, aunque algunos ganan más de 300 pesos y otros menos de 100 pesos diarios. De las actividades que realizan, 40 por ciento se dedica a alguna actividad comercial; el 26 por ciento limpia vidrios; 10 por ciento se desempeña como “payasito”; otro 10 por ciento pide “limosna”; un 6 por ciento cuida automóviles; otro 6 por ciento realiza malabares, y 2 por ciento restante, otras actividades.

Destaca la labor desinteresada que realizan en defensa de los derechos de la niñez en y de la calle diversas asociaciones civiles como MAMA, AC; el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni), AC, y el Centro Mairo Don Bosco, AC, entre otras, quienes expresaron su preocupación por la excesiva regulación y tramitología administrativa de entidades municipales y estatales, que les impide realizar sus actividades en pro de la niñez, incluso algunos han tomado la decisión de cerrar sus albergues por las pesadas cargas burocráticas que les imponen.

No pasa desapercibido para este organismo que los municipios de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga carecen de programas de apoyo, pues depositan en el Estado la atención de este grupo vulnerable; asimismo, sus normativas no se encuentran armonizadas con la Constitución federal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.

Resulta impostergable contar con un censo de la población real de niñas, niños y adolescentes en situación de y en la calle, con el fin de conocer el tamaño de esta problemática. También es necesario crear un modelo único de articulación entre dependencias de gobierno de los niveles estatal y municipal, así como con organizaciones de la sociedad civil para desarrollar un trabajo coordinado a través de una plataforma en la que se aborden temas de prevención y atención, cubriendo la mayor parte de la zona metropolitana de Guadalajara.

En este tema se hicieron varias proposiciones a las siguientes autoridades: al secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado, a la directora general del Sistema DIF Jalisco, a las y los directores de los Sistemas DIF de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, al procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, y a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

Niñez indígena

En la labor de protección y defensa de los derechos fundamentales, una de las principales preocupaciones de este organismo público es la eficaz tutela de derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, cuya normativa define como el “conjunto de personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales, son tomadas como motivos discriminatorios que hace probable la existencia de ataques reiterados a sus derechos”.

            En este preciso supuesto se encuentra el grupo conformado por niñas y niños indígenas, los cuales pueden ser vulnerables en múltiples sentidos, ya que por su edad se hayan expuestos a circunstancias de maltrato, abandono y otras situaciones de violencia, que se suman a la condición histórica de aislamiento y marginación en que están sus comunidades.

            Mediante el diagnóstico e informe especial se advierte sobre las condiciones de marginalidad que prevalecen en las comunidades y localidades wixaritari respecto a dos rubros específicos, el acceso al derecho a la educación y los servicios de salud.

            En lo relativo al primero, esta defensoría, al contrastar los resultados de la última aplicación de la prueba ENLACE, constató el evidente rezago de las comunidades educativas wixaritari en relación no sólo de las escuelas generales, sino de las propias escuelas de modalidad indígena del país. Si bien se advierte una ligera mejora en aquellas donde acuden niñas y niños que reciben apoyo de albergues escolares conocidos ahora como Casas del Niño Indígena, los rezagos aún son significativos.

            Respecto al tema de salud, esta Comisión ha documentado en los últimos años diversas omisiones y deficiencias en las dependencias responsables de brindar los servicios correspondientes en las comunidades indígenas, lo cual afecta a la población en general, incluida la niñez. Al respecto se han realizado diversos pronunciamientos, entre los que destaca lo corroborado por personal de esta institución en la Recomendación 33/2016, donde se acreditó la falta de medicamentos, de personal médico, ambulancias, infraestructura y servicios especializados, todo lo cual acredita violación de los derechos a la legalidad en la protección de la salud de quienes integran pueblos originarios y comunidades wixaritari.

Con base en los resultados del presente diagnóstico e informe especial, esta Comisión Estatal estima necesario concienciar a las autoridades del estado y a la sociedad en general sobre la falta de garantías para tutelar de forma efectiva los derechos humanos a la educación y a la salud de la niñez wixárika, por lo que realizó varias proposiciones dirigidas a los secretarios de Educación, Salud, Desarrollo e Integración Social  y de Cultura del Estado, a los ayuntamientos de Mezquitic y Bolaños y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Niñez privada de su libertad
Esta Comisión, por conducto del área penitenciaria de la Cuarta Visitaduría General, realiza anualmente la supervisión a los espacios destinados para privación de la libertad de menores de edad bajo medidas cautelares y de sanción. Con el propósito de velar por el interés superior de la infancia, este organismo integró un comité de trabajo que en 2016 realizó dicha supervisión en los centros especializados con sede en los municipios de Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, así como del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado y del Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado.
El objetivo fue conocer, mediante la observación directa de los visitadores adjuntos de esta Comisión y la opinión de los internos, la situación que guardan las instalaciones, su funcionamiento y el respeto de los derechos humanos. Los aspectos evaluados fueron: estancia digna y segura en prisión, desarrollo de actividades educativas y productivas, vinculación social del interno, mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias y grupos especiales dentro de instituciones penitenciarias.
Los espacios destinados para la custodia de los adolescentes que se encuentran a disposición del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional, localizados en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en los municipios de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ocotlán y Ciudad Guzmán, no reúnen los mínimos requisitos para una estancia digna y segura, mucho menos para lograr una eficaz reintegración social, por lo que no se les garantiza el goce de los derechos reconocidos, entre ellos a instalaciones dotadas de áreas para la educación, trabajo social, médica, psicológica, psiquiátrica, criminológica y jurídica.
Esta Comisión hizo varias proposiciones al fiscal de Reinserción Social, maestro Carlos Antonio Zamudio Grave, para garantizar los derechos de los menores privados de su libertad.
Niñez institucionalizada
En cumplimiento de sus atribuciones, este organismo concluyó la séptima supervisión, efectuada en 2016, para verificar la observancia y respeto de los derechos humanos de la niñez albergada en orfanatos, asilos, hospicios e instituciones, por ello se dan a conocer los resultados obtenidos mediante este diagnóstico e informe especial.

Cabe recordar que desde 2010 la CEDHJ ha trabajado en la elaboración de este proyecto, cuyo objetivo general es impulsar acciones tendentes a garantizar en Jalisco el pleno disfrute de los derechos de la niñez.

Como antecedente, es oportuno resaltar la importancia de los resultados alcanzados derivados de las siete supervisiones realizadas por esta Comisión, ya que a través de ellas se han materializado logros y avances importantes por parte de la actual administración pública estatal, al haber atendido la mayoría de las peticiones contenidas en los informes especiales y diagnósticos anteriores, y en particular en las diversas Recomendaciones dirigidas al Ejecutivo del Estado.

Entre los logros obtenidos se pueden citar los siguientes: Reglamento para el funcionamiento de albergues para menores de edad, adultos mayores, incapaces o con discapacidad del Estado de Jalisco, publicado el 25 de febrero de 2012; Reglamento Interno del extinto Consejo Estatal de Familia, publicado el 8 de junio de 2013; cursos de capacitación dirigidos al personal de casas hogar a cargo del IJAS, DIF y Cecaj; cursos de capacitación a cargo de la CEDHJ a personal del extinto Consejo Estatal de Familia; supervisiones por parte de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco a las casas hogar y albergues, para lo cual el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Sedis, entregó a diversas asociaciones de la sociedad civil 7 millones de pesos para solventar sus inconsistencias sobre el tema, el 5 de marzo de 2015; apoyo asistencial por parte del Sistema DIF Jalisco a las casa hogar en los años 2014, 2015 y 2016, a través de las cuales se les hizo llegar útiles escolares, despensas y uniformes a los pupilos del extinto Consejo Estatal de Familia.

Asimismo, el establecimiento de la Casa Filtro para niñas, niños y adolescentes ubicada en las instalaciones de la Casa Hogar Cabañas, que entró en funcionamiento a partir del 18 de agosto de 2014; Padrón Estatal Único de Albergues por parte del IJAS; Protocolo para la supervisión de albergues, que en forma colegiada se elaboró a través del DIF Jalisco, Sedis, Procuraduría Social, IJAS y Secretaría de Salud Jalisco, conocido como “Sistema Vigía”, presentado el 2 de diciembre de 2014; convenio celebrado entre el Sistema DIF Jalisco con la casa de descanso La Sagrada Familia, AC, para la atención, custodia y cuidado de niñas pupilas del Estado, con problemas de salud mental, en diciembre de 2014; registro único de menores de edad albergados (aún en proceso); el DIF Jalisco, asumió la administración del Centro de Atención Integral para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual (Cien Corazones) a partir de noviembre de 2014; incremento del número de reintegraciones de niñas, niños y adolescentes a sus familias de origen por parte del DIF Jalisco y DIF Guadalajara.

En esta ocasión 14 albergues fueron visitados, mismos que representan casi veintiún por ciento del total de casas hogar establecidas en el Padrón Estatal de Instituciones de Asistencia Social Privada del IJAS, del que se advierte el registro actual  de 64 casas hogar privadas más las cuatro de carácter público existentes, estos datos fueron utilizados para efectos de la supervisión.

Se inició en la casa hogar Cabañas Central y Varones, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, y se continuó con María Teresa, AC; LENAM, AC; Remar de Occidente, AC; Centro de Atención Brazos Extendidos, AC; El Oasis de la Niñez, AC; Pedacito de Cielo, AC;  La Ola de Jalisco, AC; Sueños y Esperanzas, AC; Escalar, AC; casa hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle, la cual depende del Ayuntamiento de Guadalajara; Cien Corazones, también dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, y Un Cielo para un Ángel, AC.

En esta séptima supervisión se observó que a pesar de los esfuerzos de las autoridades involucradas en la atención de la niñez institucionalizada para coordinarse en la elaboración de un registro confiable de los menores de edad albergados, aún subsiste una discrepancia preocupante en los datos estadísticos entre una institución y otra. Ante esta situación, la CEDHJ propone de nueva cuenta la necesidad de que las autoridades involucradas se coordinen para llevar a cabo de manera oportuna y urgente la conclusión y operatividad formal del Registro Único de los Menores de Edad Albergados.
Las autoridades a las que se dirigieron las proposiciones que se estimaron necesarias para garantizar los derechos humanos de la niñez institucionalizada fueron del Poder Ejecutivo del Estado: secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado, directora general del Sistema DIF Jalisco, Junta de Gobierno del DIF Jalisco, directora de la casa hogar Cabañas, fiscal central del Estado, directora general del IJAS, procurador social del Estado, secretario de Salud del Estado, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Autoridades municipales: ayuntamientos metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, y a todos los demás del estado de Jalisco.

Niñez con discapacidad
Este diagnóstico e informe especial refleja el nivel de cumplimiento de los diversos entes públicos del Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación con los lineamientos dictados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en particular, sobre los aspectos relacionados con la inclusión, no discriminación y accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tal  instrumento  internacional,  al  ser ratificado por el Estado mexicano, forma parte del marco jurídico nacional, de ahí que sus disposiciones son de obligada observancia para los operadores nacionales, entre los que se incluyen los poderes locales.

Es por ello que, como consecuencia, y debido a las inconformidades que este organismo  ha recibido  por conducto  de la ciudadanía,  y en especial por miembros de la sociedad civil organizada que trabajan a favor de la niñez con discapacidad, se investigó su situación actual en Jalisco.

En este diagnóstico fueron analizadas las acciones y programas orientados para la atención de la niñez con discapacidad por parte del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code), Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad (Coedis), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco), Fiscalía General del Estado (FGE), Procuraduría Social del Estado (PSE), Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Secretaría de Cultura del Estado (SC) y Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). 

Se advirtió que las nueve dependencias requeridas no disponen en su totalidad de las herramientas de accesibilidad, sobre todo en cada uno de los inmuebles que utilizan para su operatividad. Sin embargo, cabe precisar que algunos, como el de 100 Corazones, que pertenece al DIF Jalisco, sí disponen de un edificio con diseño inclusivo, dada la especialización y finalidad para la que fue construido.
De la información recabada se advierte que entre las nueve dependencias llevan a cabo 21 programas para la atención de niñez con discapacidad. De acuerdo con la información proporcionada por el Coedis, en Jalisco se contabilizaron 49 797 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, según el censo de población y vivienda realizado por el INEGI en 2010. De ellos, la asistencia social pública atendió a 32 697 en 2016; es decir, casi 66 por ciento de la totalidad, en tanto que en el tema de educación básica regular y atención múltiple fueron atendidos 18 920, casi 38 por ciento, con la aclaración de que cabe la posibilidad de que alguno hubiera sido atendido en uno o diversos programas, lo que desde luego podría reducir el número de beneficiarios.
Lo anterior supone que los programas ya referidos resultan insuficientes para atender el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que este organismo estima necesario y urgente fortalecerlos, pero también diseñar nuevos que satisfagan las necesidades de dicha población, y contribuyan a su verdadera inclusión y nivelación en los centros educativos para erradicar la distinción excluyente o restrictiva de sus derechos humanos.  
En tema de salud se recomienda el fortalecimiento de la unidad de valoración para personas con discapacidad y capacitar a los médicos para que den una correcta atención y diagnóstico, así como diseñar y aplicar un registro estatal de personas con discapacidad. En tanto, en el ámbito de procuración de justicia, con el fin de  garantizar los derechos humanos de las víctimas de delito y de los testigos, se dote a las autoridades que resulten involucradas entre peritos intérpretes o traductores, que los auxilien al presentar su denuncia o rendir testimonios.
Este organismo reconoce la voluntad, trabajo y el esfuerzo de las nueve dependencias públicas analizadas y requeridas para la elaboración del presente diagnóstico e informe especial, pero esto no basta para ver reflejado en nuestro estado el que este sector de población alcance una real autonomía y desarrollo. Para cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones deben generarse las condiciones que impulsen el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la niñez con discapacidad en el estado de Jalisco.
Las autoridades a las que se dirigieron las proposiciones que se estimaron necesarias son:

Secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado
Directora general del Sistema DIF Jalisco
Fiscal central del Estado
Procurador social del Estado
Secretario de Salud del Estado
Secretaria de Cultura del Estado
Secretario de Educación del Estado
Director general del Code
Secretario ejecutivo del Coedis

Niñez migrante
Desde el diseño universal de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, encontramos como obligaciones de protección: la seguridad social, el amparo contra el maltrato, los traslados ilícitos y todo tipo de violencia, la protección contra cualquier forma de explotación y abuso, incluido el sexual, las garantías procesales,  el acceso a la justicia, la reparación del daño, el derecho a ser sujeto de refugio y protección internacional, así como cuidados especiales cuando no se cuenta con una familia. Los derechos de participación integran acciones de observancia, como: el derecho a expresar su opinión y que esta sea debidamente tomada en cuenta, el derecho a asociarse, a su idea de pertenencia, a la libertad de culto y a jugar. Esto bajo el precepto de la no privación de la libertad,  independientemente de la nacionalidad y del contexto de movilidad.
Niñas, niños y adolescentes en el contexto migratorio son titulares en el Código de Asistencia Social; sin embargo, los servicios que integran este modelo tienen una marcada tendencia “adultocentrista”, por lo que deben adecuarse y diversificarse, en aras de cubrir las necesidades tanto de niñas y niños mexicanos que son retornados por autoridades de otros países, como los de nacionalidad extranjera que se encuentran temporalmente en nuestra comunidad.
El dato preocupante y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala marcadamente en su informe de 2016 es la falta de tutores y asesores que puedan acompañar, representar, orientar y hacer que se tome en cuenta la opinión de niñas y niños en los procedimientos migratorios, así como la necesidad de fortalecer la comprobación material del interés superior, como mecanismo procesal.
Una opción para que la niñez pueda seguir su proceso migratorio, acorde a sus necesidades, sin ser privados de la libertad, puede surgir del modelo alternativo propuesto por la Coalición Internacional vs Detención (2011), donde se preserve la unidad familiar, el bloque de derechos que comprenden los de participación y el ejercicio de su intimidad.
De las secciones analizadas y respecto a las áreas de oportunidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hizo varias propuestas al secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado, al Sistema DIF Jalisco, y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Niñez con violencia escolar
La relación que existe entre derechos humanos y acoso escolar es trascendente en razón de que este fenómeno escolar existe y vulnera los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a la educación. De ahí la necesidad de estudiar los mecanismos de articulación e implementación institucional a nivel estatal y en la zona metropolitana de Guadalajara, que nos permita la visualización de los programas y acciones que en la actualidad atienden el acoso escolar y sus formas de abordar, que garanticen una vida libre de violencia.
El interés en realizar este diagnóstico e informe especial parte del alto nivel de afectación, personal y social que se detona a partir del acoso escolar.
Según estimaciones de la Secretaría de Educación Jalisco, el acoso aumentó de 2012 a 2013 en 30 por ciento. En términos generales, representa una problemática seria para el Estado. Se han generado políticas públicas para mitigar y erradicar la violencia. Uno de estas estrategias fue crear un marco legal que permitiera una estrategia interinstitucional y conjunta para hacer frente al acoso escolar.
Posterior a la modificación legal no se ha realizado un estudio para conocer el nivel de cumplimiento que se le ha dado a la estrategia de intervención. El evaluar la eficacia de una intervención permite fijar plataformas sobre las cuales se puede fortalecer o corregir un trazo.
La investigación encontró que resulta indispensable la aplicación de políticas públicas trasversales no sólo entre los niveles estatal y municipal, sino dentro de sus propias estructuras que generen el objetivo común de que en las escuelas del estado de Jalisco sean espacios libres de violencia. La educación en ambientes sanos debe de respetarse y garantizarse como un derecho fundamental de los que conforman la comunidad educativa, poniendo énfasis en los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos.
Ante este panorama, esta Comisión realizó varias proposiciones a la Secretaría de Educación del Estado, al Sistema DIF Jalisco, al Instituto de Justicia Alternativa, así como a todos los ayuntamientos de Jalisco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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