BOLETÍN 95 / Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2019

Pronunciamiento-posicionamiento ante los conflictos y demandas sociales del pueblo wixárika asentado en el norte de Jalisco

Ante el incremento de conflictos y demandas sociales de las comunidades wixaritari, que han sido difundidos a través de diversos medios de comunicación, y promovidos por sectores de esa población, incluyendo sus propias autoridades tradicionales y agrarias, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco manifiesta lo siguiente:

Quienes viven en la “sierra wixárika” radican en cuatro grandes comunidades que, a su vez, se agrupan en tres núcleos agrarios, los dos primeros con sede en San Andrés Cohamiata (Tateikie) y Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), ambas en el municipio de Mezquitic, y una más integrada por San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a) y Tuxpan (Kuruxi Manuwe), la primera, en el municipio de Mezquitic; y la segunda en Bolaños.
Esta defensoría ha documentado que al menos desde 2017 el cierre de escuelas, e incluso de centros de salud, así como el bloqueo de carreteras, ha sido utilizado como forma de protesta para que se atiendan las demandas sociales de las comunidades wixaritari. En cada circunstancia la CEDHJ ha abogado por el respeto al interés superior de la niñez y de los derechos y libertades fundamentales que las propias autoridades wixaritari deben garantizar a su población, pero también entiende y respalda sus demandas, que responden a décadas de abandono y desatención por parte de todos los ámbitos y niveles de gobierno.
En este momento una de las situaciones más apremiantes es el cierre de escuelas del nivel básico en la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán y Haimatsie, municipios de Mezquitic y Huejuquilla, respectivamente, y en donde pudieran presentarse otras medidas que podrían implicar cierre de centros de salud y de acceso a sus caminos, tal y como ocurrió en 2017.

Esta CEDHJ reconoce los esfuerzos del Gobierno del Estado para atender los diferentes conflictos de las comunidades wixaritari, pero considera que en este momento se requieren mayor atención y un proceso integral que implique la actuación coordinada de todas sus dependencias.

            Además del cierre de planteles escolares, durante el presente año, en los distintos territorios del pueblo wixárika en Jalisco se han presentado los siguientes conflictos, a los que se agregan algunos de los subsistentes desde hace varios años:

En la mayoría de las comunidades se presentan condiciones de inseguridad que incluso han provocado el homicidio de líderes comunitarios, y se carece de mecanismos eficaces para acceder a la procuración y administración de la justicia.

Lo anterior es un panorama general de la compleja dinámica social y el rezago histórico en la atención y garantía de los derechos humanos de estas comunidades.

Por lo anterior, y con el afán de encontrar alternativas y construir procesos de atención a los planteamientos históricos de las comunidades wixaritari, esta defensoría realiza las siguientes

Proposiciones:

Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco:

Diseñar y ejecutar un plan de acción emergente e integral, con estrategias interinstitucionales y actividades coordinadas, para garantizar de forma plena los derechos humanos de las comunidades indígenas, lo anterior debe contemplar acciones para superar el aislamiento geográfico y las deficiencias en el acceso a servicios públicos como la cobertura de servicios de salud, en particular la falta de infraestructura hospitalaria de tercer nivel para la población indígena, la escasez de empleo, educación de calidad y con perspectiva intercultural, atender las dificultades para acceder a los niveles de educación superior, la falta de actividades para acceder al disfrute y desarrollo de las artes y de las múltiples disciplinas deportivas, y en general a dotar los servicios necesarios para un desarrollo pleno con respeto a su cosmovisión e identidad cultural.

Para lo anterior es necesario promover una convocatoria amplia de autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno, universidades y organizaciones sociales, con el apoyo de mediadores consensuados con las comunidades y con sedes que contemplen jornadas de trabajo en el territorio wixárika. 

Fortalecer los mecanismos y procesos de diálogo permanente con todas las autoridades tradicionales y agrarias de las comunidades wixaritari y, una vez acordadas las prioridades de atención, se impulsen mecanismos efectivos para que los procesos de consulta y consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas se realicen con plena garantía a los estándares internacionales, es decir, deben ser previos, libres, informados, culturalmente adecuados y de buena fe, garantizando una participación amplia y plural con perspectiva de género a efecto de que toda decisión que implique a esta población sea transversal y con pleno respeto a su identidad cultural.

Diseñar e implementar un mecanismo permanente de evaluación de los impactos positivos y negativos que genera la aplicación de políticas públicas y programas sociales destinados a las comunidades indígenas. Lo anterior, con el objetivo de que, todas las instituciones del Estado garanticen el acceso irrestricto de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos originarios.

Se instruya la atención y cumplimiento pleno de las recomendaciones, informes y pronunciamientos realizados por esta defensoría.

Se propone consensuar con las autoridades de las comunidades wixaritari la participación de las diferentes dependencias que integran el Poder Ejecutivo en sus asambleas comunitarias, a las que deberá acudir permanentemente personal con capacidad de decisión en los diferentes rubros.
Atienda las demandas que exponen las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán y Haimatsie, en un marco del respeto, con el objetivo de generar una ruta de acuerdos, para que de manera estructural se transformen las dinámicas y políticas de gobierno que dan lugar a las inconformidades expresadas por la comunidad.

En el caso de las peticiones o demandas que plantea la comunidad indígena y que el Gobierno del Estado considera improcedente en términos de legalidad y transparencia, se realice un diálogo claro con garantía de inclusividad en términos de lengua wixárika y este sea presentado ante el órgano máximo de gobierno, que es la asamblea general de las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán y Haimatsie, si es preciso incorporando la ayuda de un mediador profesional que faciliten el diálogo.

A las diputadas y diputados que integran la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Revisar el marco legal existente, incluyendo la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Obra Pública del Estados y las que resulten aplicables, con el fin de que se garantice el ejercicio de presupuestos multianuales que respondan los procesos de organización comunitaria de los pueblos indígenas, ya que actualmente los tiempos de ejecución de los presupuestos se encuentran desfasados de los tiempos que requieren las comunidades para su procesamiento y toma de decisiones.

Realizar las acciones necesarias, en el ámbito de su competencia, para que la legislación federal, los programas sociales y en general todos los procesos que impacten en los pueblos indígenas, se ajusten a la dinámica de su organización comunitaria con mecanismos que garanticen los derechos a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado, de buena fe y culturalmente adecuado.

Retomar y aprobar la reforma Constitucional Política del Estado de Jalisco en materia indígena para garantizar el reconocimiento y protección de los pueblos originarios y comunidades indígenas como sujetos plenos de derechos.

Al Poder Judicial del Estado de Jalisco:

Adoptar medidas para que impartidoras e impartidores de justicia del estado, al realizar su función, apliquen el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de esta población en el ámbito de la máxima protección de los derechos. Para lo cual, deberá implementar una capacitación para todas y todos los funcionarios judiciales respecto a la aplicación de los principios y directrices que ofrece el referido protocolo, dando prioridad a los pueblos wixárika, nahua y coca, originarios del estado de Jalisco.

Convoque y promueva la certificación de un grupo de intérpretes y traductores en las diversas lenguas indígenas de los habitantes de nuestro estado, con personas que no sólo tengan conocimiento de la lengua materna, sino que conozcan los aspectos culturales de cada comunidad, quienes deberán ser instruidos en relación con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, las generalidades del sistema jurídico mexicano y las funciones del sistema de administración de justicia estatal. Lo anterior, para tener la certeza de que durante el proceso contarán con un intérprete o defensor que conozca de su lengua y cultura.

El abandono histórico y la discriminación institucional hacia los pueblos indígenas han desencadenado conflictos sociales y reclamos justificados. Esta situación, sin embargo, también representa una oportunidad para diseñar y llevar a cabo procesos inéditos, amplios, integrales, profundos y eficaces para revertir sus condiciones de aislamiento y marginación; en este sentido, las instituciones públicas  de todos los niveles y las propias autoridades de los pueblos y comunidades tienen un compromiso con las circunstancias históricas y la oportunidad de trascender en los mecanismos para resolver conflictos mediante ejercicios democráticos e innovadores. En medio de las múltiples violaciones que han afectado la vida de las y los jaliscienses, se requiere disposición y generosidad para encontrar soluciones sin provocar mayor encono y polarización social.