BOLETÍN 90 /Guadalajara, Jalisco, 11 de septiembre de 2015

CEDHJ y Fiscalía General firmaron un convenio de inicio de jornadas
de capacitación en materia de derechos humanos

• En su nueva etapa, la Fiscalía General inicia procedimientos administrativos sancionatorios y legales contra agentes como resultado de Recomendaciones y conciliaciones de esta Comisión

 

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y el fiscal central, Rafael Castellanos, con la representación del fiscal general Eduardo Almaguer, firmaron un convenio de colaboración para capacitar en derechos humanos a más de 13 mil empleados de la dependencia estatal.

En su mensaje, el ombudsman explicó que la firma del convenio es muy importante,  porque a 62 días de la gestión de Eduardo Almaguer, “es notoria la buena disposición, la voluntad política y la apertura en torno a los derechos humanos y la legalidad, lo que significa llevar el discurso a los hechos”.

Señaló que en esta nueva etapa de la Fiscalía, por primera vez se ha iniciado una averiguación previa por el delito de tortura al interior de la dependencia, derivada de una Recomendación de la CEDHJ.

Añadió que en esta etapa, como resultado de Recomendaciones y conciliaciones, 39 personas víctimas de violaciones a sus derechos han recibido algún tratamiento médico y psicológico, además de la consignación de tres servidores públicos.

Respecto al convenio, explicó que existe el compromiso de capacitar a más de 13 mil empleados y funcionarios en lo que resta del año, por lo que se trabajará con el Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión para cumplir con el cometido, asistiendo todos los días que restan para impartir cursos, talleres y conferencias. La capacitación debe refrendarse cada año, advirtió.

El fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, quien asumió el cargo hace unos días, ofreció datos importantes de la etapa más reciente de la Fiscalía General bajo las órdenes de Eduardo Almaguer: se aceptaron las Recomendaciones 23 y 24 de 2015 por detenciones irregulares, lesiones y tortura; y enfatizó que es la primera vez que se atienden este tipo de resoluciones sin restricción alguna. Añadió que también se abrieron procedimientos de responsabilidad administrativa y dos averiguaciones previas.

Informó que, derivado de lo anterior, se determinó separar de sus cargos a tres agentes investigadores y uno del Ministerio Público. Además se ejercitó acción penal en contra de otro elemento de la dependencia, como consecuencia de otra Recomendación de la CEDHJ.

Por responsabilidad administrativa han sido sancionados 15 elementos más, de los cuales  siete son agentes del Ministerio Público y ocho son investigadores, por incurrir en irregularidades en el desempeño de sus funciones, tal y como lo solicitó la Comisión.

Al final de la firma del convenio, y en privado, se llevó a cabo la reparación del daño por parte de la Fiscalía, vía compensación, a favor de los familiares de un hombre que murió debido a una negligencia por parte de un empleado operativo, así lo anunció Dante Haro durante el acto protocolario.

También anunció la apertura de una averiguación previa y procedimiento sancionatorio contra los elementos que cometieron actos de tortura y que golpearon a dos menores de edad durante un interrogatorio en la investigación de un robo de un teléfono celular.

El fiscal central, Rafael Castellanos, al referirse a este caso advirtió que los agentes que no actúen con apego a las leyes y que no respeten derechos humanos son “traidores de los ideales de lo que debe ser la institución, así los trataremos en lo interno y en lo externo, como delincuentes”.

“Es importante que llevemos nuestras investigaciones profesionalmente, con firmeza, pero con respeto irrestricto a los derechos humanos, aun de los imputados”, expuso.

En lo que va de 2015, el Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos ha capacitado a más de 700 empleados de la Fiscalía; los que restan, para completar más de 13 mil, recibirán instrucción sobre el protocolo de Estambul, uso legítimo de la fuerza y armas de fuego, derechos humanos en general y de los detenidos, equidad de género y reparación del daño, entre otros.

 

 

 

 

 

 

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