BOLETÍN 125 / Guadalajara, Jalisco, 26 de septiembre de 2017

La defensoría pública de derechos humanos dictó medidas cautelares para diversas autoridades en materia de seguridad

La CEDHJ, a través de su Cuarta Visitaduría, dictó medidas cautelares luego de que miembros de la sociedad civil y de la comunidad estudiantil universitaria presentaron quejas contra diversas autoridades por omisión y por eventos violentos, de corrupción e impunidad ocurridos en el estado y su zona metropolitana.

A principios de septiembre, integrantes de diferentes organizaciones civiles se inconformaron contra varias autoridades probables responsables de violaciones de derechos humanos en perjuicio de la sociedad, concretamente: “por la falta de acción y las omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública para evitar la violencia, corrupción, impunidad e inseguridad pública generada en los últimos años en contra de la ciudadanía en general del estado de Jalisco, principalmente en la zona metropolitana, así como por las ineficientes políticas públicas y estrategias en materia de seguridad pública, considerando que con ese actuar violaron en perjuicio de los agraviados sus derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica por la prestación indebida del servicio público”.

          Admitida la queja, esta defensoría pública emitió medidas cautelares al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara; al fiscal general del Estado, Jesús Eduardo Almaguer  Ramírez; al secretario técnico de la Agencia Metropolitana de Seguridad Pública, Marco Valerio Pérez Gollaz; y a los diputados integrantes del Congreso del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, dispongan de las medidas inmediatas de vigilancia, prevención y protección  de la seguridad pública en la zona metropolitana y, en su caso, se realice una coordinación institucional a fin de efectuar de manera efectiva dichas medidas.

          Por otra parte, en representación de la comunidad universitaria, el presidente de la FEU y varios estudiantes interpusieron queja contra autoridades federales, estatales y de la zona metropolitana de Guadalajara, luego del deceso de un estudiante asaltado y de otros actos delictivos sufridos por alumnos de diferentes planteles.

          Los quejosos señalaron la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones a la seguridad pública para evitar la violencia generada en contra de los estudiantes agraviados y la violación de sus derechos a la integridad, seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica.

La CEDHJ admitió la queja y solicitó medidas cautelares al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara; al fiscal general del Estado, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez; a la fiscal central, Marisela Gómez Cobos; al comisario de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Velázquez Ruiz; al secretario técnico de la Agencia Metropolitana de Seguridad, Marco Valerio Pérez Gollaz, así como a los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y  sus respectivos comisarios de Seguridad Pública.

          Estas medidas deben aplicarse en el ámbito de sus competencias de forma inmediata para destinar vigilancia y protección en las zonas sensibles aledañas a los planteles escolares de la UdeG en la zona metropolitana, además de, en su caso, realizar una coordinación interinstitucional a fin de efectuarlas de manera más efectiva.

          La CEDHJ solicitó también que informen sobre los operativos, acciones, programas, mecanismos, trabajo preventivo y estrategias implementados para atacar, evitar y erradicar la violencia y la delincuencia que en los últimos dos años ha padecido la ciudadanía dentro y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, educandos de la UdeG y otras universidades, escuelas y colegios. Se pidió además copia certificada de los documentos que amparen estas acciones, así como sus resultados.

          Asimismo, que informen sobre la coordinación entre las dependencias de seguridad pública de los tres niveles para brindar seguridad a la ciudadanía durante los últimos dos años; y qué acciones a corto plazo implementarán para evitar eventos de inseguridad, violencia y delincuencia en el estado y en torno a la comunidad universitaria.

          Respecto a la primera queja, se solicitó a los funcionarios un informe detallado de la distribución del gasto público en materia de seguridad y que describan cómo se distribuyen los recursos asignados en el estado y zona metropolitana.

           En cuanto a la queja estudiantil, la defensoría pública solicitó a las autoridades un informe sobre su intervención ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas y en el ámbito federal en la gestión de la reparación del daño a favor del estudiante finado.

          Respecto a las autoridades federales señaladas en la queja de la FEU, esta Comisión remitió copia certificada a la CNDH para que resuelva según su competencia.