BOLETÍN 91 / Guadalajara, Jalisco, 27 de septiembre de 2019

Posicionamiento en relación con el descubrimiento de fosas clandestinas en el estado de Jalisco,
en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha documentado la existencia de 3 mil 24 fosas clandestinas en todo el país, del año 2006 a la fecha; así mismo en abril de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, donde solicita una política plena para la búsqueda de personas y acceso a la justicia.

Es a partir del 24 de enero de 2009, que se inició según fuentes oficiales, hallazgos consecutivos de fosas clandestinas sistemáticamente en el estado de Jalisco. Desde esta fecha y hasta mayo de 2019, la Fiscalía Estatal contabiliza 215 fosas ilegales, siendo los municipios de Tlajomulco, Zapopan, Lagos de Moreno, Ayutla y San Sebastián del Oeste los que más concentran fosas a lo largo de la última década. En 2009 se detectaron 7 fosas; en 2010, 9; en 2011, 31; en 2012, 24; en 2013, 17; en 2014, 29; en 2015, 14; en 2016, 6; en 2017, 10; en 2018, 46; y en los primeros cinco meses de 2019, 22; lo que muestra un complejo patrón de comportamiento. La distribución de los hallazgos cubre 47 municipios de Jalisco, evidenciando que se trata de un fenómeno generalizado que trasciende a demarcaciones municipales y periodos de gobierno.

La Fiscalía del Estado, afirmó el 17 de septiembre de 2019, que en el presente año se han detectado 27 fosas y 123 víctimas en Jalisco.

El monitoreo de esta defensoría registra entre el 1 de enero de 2018 y hasta el 25 de septiembre de 2019, un total de al menos 344 personas fallecidas encontradas principalmente en fosas clandestinas y también en diferentes espacios y en hallazgos masivos primordialmente en lo que va del presente año, tales como  el canal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en carretera La Alameda-La Capilla; en la colonia Los Cajetes, en San Pedro Tlaquepaque; los cuerpos del pozo y la pileta de La Primavera, en Zapopan; y las últimas víctimas encontradas en bolsas, en Tala, el 20 de septiembre pasado.

Tomando en cuenta que familiares de víctimas de desaparición -a quienes esta defensoría reitera la más alta solidaridad-, se apostaron afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en demanda de acompañamiento y atención, y reconociendo la preocupación externada por organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas  como el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, así como del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, y por la sociedad en general que exige la suma de esfuerzos para la superación conjunta, eficaz, digna y sensible de los hallazgos de cuerpos, este organismo emite el siguiente posicionamiento y hace una exhortación a las autoridades para que:

• Se brinde atención plena a las demandas de las familiares, consistentes en el trato digno a los cuerpos encontrados, la ejecución de acciones con diligencia y sensibilidad para los deudos, certeza científica, transparencia en la base de datos de ADN para realizar confrontas, la guardia de un Ministerio Público que refuerce la seguridad de ingresos y egresos de cuerpos y restos, además de que se concrete la coordinación, cruce y verificación de datos con otras entidades federativas.

• Una vez que sean identificados y localizados los familiares de las personas fallecidas que se encontraban dentro de las fosas clandestinas y los hallazgos masivos de cuerpos, proceda a registrarlos como víctimas, con el propósito de brindarles la atención, reparación integral y garantía de no repetición que correspondan, basadas en su contexto individual y social.

• Dada la tendencia de hallazgos masivos de cuerpos, es necesario incorporar a los instrumentos de planeación urbana la previsión de cementerios forenses. Estos espacios deberán fortalecerse para inhumar cuerpos o restos humanos a disposición de la autoridad ministerial, pero bajo la custodia y guarda del IJCF, aún no identificados por sus familiares, siempre y cuando estén capturados los registros de datos que debe contener el Expediente Básico de Identificación Forense, incorporada a una base de datos y al expediente de fiscalía. Asimismo, que se construyan depósitos o cámaras con sistemas óptimos de refrigeración para cadáveres o restos humanos que no puedan ser inhumados.

• Se erradique cualquier discurso oficial que criminalice a las personas involucradas en los hallazgos de fosas clandestinas y levantamiento masivos de cuerpos.

Esta CEDHJ reitera a las autoridades de las distintas áreas de seguridad pública del estado y de los municipios, la urgente necesidad de cumplir de forma integral las Recomendaciones, pronunciamientos e informes emitidos por esta defensoría en materia de personas desaparecidas.