La precaria situación y deficiente estructura que prevalece en las instalaciones de las escuelas ubicadas en las comunidades wixaritari de Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, así como las malas condiciones de la estructura existente, la falta de salones dignos, de material didáctico e infraestructura digital en todas las localidades adscritas a estas comunidades; además de algunas irregularidades en la situación laboral del personal docente de las localidades mencionadas, en los planteles educativos de kínder, primaria y telesecundarias; y, la posible falta de conclusión de los proyectos de educación programados y autorizados en las comunidades indígenas ante la designación del nuevo titular de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Jalisco, motivó que el 26 de agosto de 2019 iniciara un paro de labores por tiempo indefinido de personal docente de diversas comunidades wixaritari, principalmente en Santa Catarina Cuexcomatitlán, que dejó sin clases a más de 2 500 alumnos que reciben educación básica en esa zona, además del cierre de la Dirección Regional de Servicios Educativos Norte de la Secretaría de Educación Jalisco.

De la investigación realizada por esta defensoría pública, se acreditó la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la educación, a la igualdad y al trato digno, a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

En el mes de junio de 2019, la agraviada (TESTADO 1) fue víctima de violación de su derecho a la protección de la salud y a una vida libre de violencia obstétrica, debido a que el personal del Hospital Regional de La Barca y del Hospital Materno Infantil de Ocotlán, no le proporcionaron la debida atención y cuidados cuando se encontraba en trabajo de parto, pues fue remitida de un hospital a otro sin la debida vigilancia del binomio materno-fetal, como lo dicta la normativa, lo que derivó en la pérdida de la RN.

De las investigaciones practicadas por este organismo se evidenció que el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Regional de la Barca, no contaba con anestesiólogo en el momento que la agraviada requirió intervención, por lo que se derivó a la peticionaria al Hospital Materno Infantil de Ocotlán, lugar en el que tampoco fue atendida, sino enviada por sus propios medios a Guadalajara, y fue en el camino que dio a luz a su niña, quien posteriormente falleció el 5 de junio de 2019.

Aproximadamente a las 19:30 horas del 26 de noviembre de 2020, un joven caminaba por la avenida Enrique Díaz de León Sur, rumbo a su casa; antes de llegar a su destino fue interceptado por dos elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, quienes cruzaron su patrulla al paso de éste. Al verlos, se echó correr, fue perseguido por un elemento a pie y otro conduciendo el vehículo oficial; justo al llegar a la esquina de su domicilio fue atropellado con dicho automotor para lograr detenerlo. No siendo suficiente, lo golpearon, lo esposaron, lo subieron al automotor y se lo llevaron con rumbo a la carretera a Chapala, donde lo abandonaron en mal estado de salud. No fue puesto a disposición de ninguna autoridad; ello originó que su familia interpusiera denuncia por desaparición. Días después fue localizado internado en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, adonde fue llevado el 27 de noviembre, luego de que reportaran a la Cruz Verde de San Pedro Tlaquepaque a una persona abandonada en la carretera a Chapala, con politraumatismos y en condición muy grave de salud. Nueve días después falleció a causa de las lesiones.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que elementos policiales de Guadalajara tuvieron participación en estos hechos, lo que constituye violaciones de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica; a la integridad física y seguridad personal, por tortura; a la libertad, en relación con la desaparición forzada; a la vida, así como abandono de persona.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició queja de oficio 6105/2020/III a favor de (TESTADO 1), quien en todo momento se identificaba socialmente como (TESTADO 1), mujer trans, misma que a lo largo de esta Recomendación, esta defensoría respetará en todo momento su identidad de género auto percibida.

Lo anterior derivado de la información publicada en Nota Roja de Jalisco el 27 de agosto de 2020 con el titular: “Fiscalía investiga la muerte de un joven en Casimiro Castillo, hay 5 policías detenidos”, así como de la nota periodística de la Zona Tres, que informaba: “Investiga a cinco policías de Casimiro Castillo, entre ellos el director y subdirector, por el homicidio de un joven, al que entregaron a delincuentes, quienes lo golpearon y posteriormente lo regresaron a los separos”.

Por lo que esta Comisión se abocó a las investigaciones contextuales del caso, evidenciando las diversas omisiones de los operadores de la justicia administrativa municipal de Casimiro Castillo, desde la arbitraria detención de (TESTADO 1), misma que fue consumada en actos y prácticas crueles e inhumanas (torturada) por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Casimiro Castillo, ocasionándole la muerte; asimismo se monitoreo la falta legislativa de reconocer de manera independiente y autónoma los crímenes de odio como tipo penal aplicable al Código Penal de Jalisco. Además, la inexistencia dentro de la Fiscalía del Estado de un protocolo integral en la actuación y ejecución ministerial relativo a las posibles líneas de investigación concernientes a la acreditación de los crímenes de odio, de acuerdo a las particularidades de las identidades y expresiones de géneros no binarios, las orientaciones sexuales y rasgos biológicos de las personas.

Asimismo, acumulándose a la presente Recomendación las quejas 8596/2020/III y 9452/2020/III, relativa la primera a los acontecimientos sucedidos del homicidio de (TESTADO 1), mujer trans que fue localizada sin vida en Guadalajara; y el segundo concerniente a los hechos sucedidos del homicidio de (TESTADO 1), un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara que fue privado de su vida, ambos integrantes de la población de la diversidad sexual; circunstancias que bajo la misma directriz se evidenció la falta de un enfoque diferenciado dentro de la integración ministerial por parte de la FE.
Situación que esta Comisión estima de vital importancia pronunciarse sobre este contexto particular que enfrenta la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás expresiones e identidades de género no binarias (LGBTTTIQ+) en Jalisco, relativo a esta violencia sistémica en donde se criminaliza de manera simbólica las identidades y expresiones de géneros no binarios, así como las orientaciones diversas y los rasgos biológicos de esta población.

Por lo que, esta defensoría refrenda su compromiso con este grupo históricamente discriminado, posicionándose como el primer antecedente emblemático en señalar de manera estricta la persecución de crímenes de odio como graves violaciones a derechos humanos, de acuerdo a sus homólogos organismos garantes protectores de los derechos humanos a nivel nacional, y en vincular este concepto de violación a través del mecanismo de defensa que constituyen las Recomendaciones.

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) integró y ahora resuelve la queja 4159/2020/IV con sus acumuladas 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166 y 9549, todas del 2020, que se inició de oficio tras la publicación de la siguiente nota periodística de El Informador: “Ocho muertos, ocho heridos y cinco detenidos tras tiroteo en reclusorio. La Fiscalía del Estado informó que, de las ocho personas fallecidas, tres fueron por arma de fuego y cinco más por golpes. Ocho personas fallecidas y ocho lesionadas fue el saldo del tiroteo entre presos en el interior del Reclusorio de Sentenciados en Puente Grande, Jalisco, donde hubo cinco hombres detenidos, informo Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal del Estado”.

La queja fue a favor de quienes en vida llevaran los nombres de (TESTADO 1), (TESTADO 1), (TESTADO 1), (TESTADO 1), (TESTADO 1), (TESTADO 1), (TESTADO 1), (TESTADO 1) y (TESTADO 1), y de sus familiares, víctimas indirectas, así como a favor de las personas lesionadas; en contra de quien o quienes resulten responsables al interior de la Comisaría de Sentenciados, por presuntos actos que se consideran violatorios de derechos humanos.

Durante la investigación realizada por este organismo se demostró que como resultado de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2020, fallecieron nueve personas privadas de su libertad y resultaron heridas otras 5, a consecuencia de un tiroteo y agresiones al interior de la Comisaría de Sentenciados en Puente Grande, Jalisco, entre personas internas. También se evidenció que ese centro de reclusión carece de suficiente personal para la debida vigilancia de las personas internas, ya que dentro fueron localizadas dos armas de fuego, cargadores, una mira láser, cartuchos y artefactos explosivos. Se acredita, al mismo tiempo, una responsabilidad institucional por falta de cumplimiento al deber de respetar y garantizar la seguridad al interior de dicha Comisaría y protección de esos derechos humanos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la queja que por comparecencia presentó (TESTADO 1) en contra de los elementos de la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado, en virtud del fallecimiento de forma violenta de (TESTADO 1) o (TESTADO 1), quien se encontraba privado de su libertad en las instalaciones de dicha comisaría. Este organismo protector de derechos humanos inició la queja anotada al rubro en atención a la naturaleza de los actos reclamados por el inconforme, que los mismos ocurrieron dentro en el área metropolitana y que fueron contra el personal de la Secretaría de Seguridad del Estado y de la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la queja que por escrito presentó (TESTADO 1), jueza quinta de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado, a favor de la menor de edad (TESTADO 1)1, quien contaba con (TESTADO 15) de edad cuando se abrió la averiguación previa (TESTADO 75), por considerar una mala práctica en la integración de la citada indagatoria por parte de los agentes de Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, quienes ocasionaron una investigación deficiente, toda vez que su actuar fue irregular y omiso y causó marcada dilación, pues no fue sino hasta enero de 2020 que se determinó y se ejerció la acción penal en contra del agresor sexual de la víctima, aunado a que tuvo un lapso de inactividad de más de cuatro años, violando con ello los derechos humanos de la víctima menor de edad.

Por tal motivo, este organismo protector de derechos humanos, inició la queja anotada al rubro y en atención a la naturaleza de los actos reclamados, y contra el personal responsable de la Fiscalía del Estado.

Esta Resolución documenta una serie de omisiones cometidas por personas servidoras públicas pertenecientes a la escuela primaria (...), dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco, quienes por no haber atendido de forma inmediata la problemática de violencia escolar al interior del plantel, propiciaron las condiciones para que las niñas (TESTADO 1) y (TESTADO 1) sufrieran a lo largo del ciclo escolar diversas agresiones a su integridad física, psicológica y emocional, mismas que fueron escalando hasta el punto en el que la alumna (TESTADO 1) terminó siendo agredida sexualmente por uno de sus compañeros agresores.

La CEDHJ recibió la queja que por escrito presentó (TESTADO 1) a su favor. Reclamó una mala actuación del Ministerio Público con sede en Ahualulco de Mercado en la integración de la averiguación previa (TESTADO 75), pues fue omiso en subir el reporte de robo de un vehículo a la Plataforma México, herramienta de información del Estado mexicano para apoyar la actuación de las instituciones de seguridad pública del país, lo que ocasionó que al adquirir un automotor en el estado de Guanajuato, no se percatara que contaba con reporte de robo, por lo que posteriormente le fue incautado con el argumento de que había sido robado en el estado de Jalisco. El vehículo quedó bajo resguardo en un depósito por más de cuatro años con diez meses; aun y cuando se acreditó que la denunciante se había conducido con falsedad, ya que había sido víctima de un fraude y no de un robo como denunció; no obstante, cuando fue regresado dicho vehículo por la representación social, hicieron un cobro excesivo por concepto del depósito, causándole un agravio al peticionario del cual no era responsable.

(TESTADO 1), mujer de (TESTADO 15) de edad, fue encontrada sin vida el día 22 de septiembre de 2019, en su casa habitación, ubicada en el municipio de Guadalajara, yacía sobre el piso, junto a las escaleras, con una bufanda junto a ella, y tenía sus piernas semiflexionadas sobre los primeros escalones, originándose la Carpeta de Investigación No. (TESTADO 75). Sin embargo, previamente había denunciado la violencia familiar que vivía (física, psicológica y sexual) por parte de su pareja, y se le valoró y determinó riesgo grave, no obstante, en la CI (TESTADO 75) no se emitieron las medidas de protección adecuadas. Por otra parte, a pesar del deber de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la presunción de que se trate de un feminicidio, incluyendo los aparentes suicidios, se omitió deliberadamente iniciar la CI (TESTADO 75) como feminicidio, se asumió y se practicaron las investigaciones como si se tratara de un suicidio, y se contempló como “carpeta no judicializable”, no obstante que, entre otras evidencias recabadas el día del suceso mortal, se dictaminó la identificación de proteína P30 y detección de semen en la cavidad vaginal de la víctima. Además, se advirtieron otras irregularidades y omisiones en los diversos peritajes practicados, así como actuaciones deficientes e incumplimientos de las autoridades ministeriales que en la presente resolución se describen, ya que no ajustaron su actuación al Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género de Naciones Unidas, ni al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Jalisco, obviando el enfoque especializado que el asunto requería; destacándose además que, el municipio de Guadalajara tiene dictada una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició esta investigación a raíz de un escrito presentado por un grupo de personas, quienes señalaron ser representantes de vecinos de las colonias Huentitán el Alto y Bajo, Lomas del Paraíso y Dr. Atl en contra de las autoridades municipales y estatales, bajo el argumento de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se suscitaban en la zona, en específico en torno al medio ambiente, por los cambios de uso de suelo y obras que impactaban directamente a este. Señalaron en específico las obras que se hicieron públicas en junio de 2016, cuando se presentó el denominado Plan o Plano Maestro Huentitán (en adelante PMH), en donde se desarrollarían diversas acciones urbanísticas que comprendían las siguientes: Proyecto Iconia, recinto ferial (Arena, Pabellón Eco Técnico, Pabellón de Exposiciones y Planetario), arena de usos múltiples, Parque Natural Huentitán, entre otros).

El argumento de los inconformes era que las obras causaban una afectación directa al medio ambiente, aunado a que se les estaría privando del disfrute de unos predios que desde los años ochenta habían sido adquiridos por el municipio para que se instaurara un parque municipal y que ahora esos predios habían sido desincorporados del patrimonio municipal y se habían convertido en propiedad privada con la intención de construir complejos habitacionales, vulnerando con esto derechos humanos de los habitantes de Guadalajara.

Posteriormente, al encontrarse en integración la presente investigación, se acumuló el acta de investigación 49/2019/II en virtud de las notas que se recabaron en redes sociales en torno a las obras que se llevaban a cabo en los predios donde anteriormente se encontraba el Planetario Guadalajara, documentándose actos de tala y poda de cientos de sujetos forestales. Lo anterior fue motivo del escrito de queja que presentaron vecinos de Huentitán el Bajo, secciones 1 y 2, a la que se le asignó el número 2129/2019/II; se quejaron por la destrucción de aproximadamente 3 500 árboles que formaban parte de una reserva ambiental, que sería afectada con la construcción del proyecto Arena Guadalajara y que, según su dicho, albergaría también la nueva sede de las Fiestas de Octubre, lo que perturbaría el medio ambiente de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ambas investigaciones fueron acumuladas al expediente 4686/18/II, ya que los hechos guardaban estrecha relación con lo investigado dentro del PMH.

Finalmente, en octubre de 2020 se acumuló el acta de investigación 627/2020/II, que se inició con motivo de las notas periodísticas en torno a la ejecución del proyecto denominado Avenida Troncal, que al parecer formaba parte del PMH. Esta se integró a la presente investigación a efecto de robustecer la información de dicha vialidad que llevará a cabo el gobierno municipal de Guadalajara en la zona de Huentitán.

Esta Comisión encontró que no existe un documento urbanístico denominado PMH; sin embargo, sí un listado de acciones a realizar en la zona de Huentitán, como lo son: estudios y proyectos, obras de mitigación de inundaciones, mejoramiento de espacios públicos, mejoras y rehabilitaciones en el Parque Natural Huentitán y en el Parque Puerta de la Barranca, colocación de los sistemas de puntos limpios, proyecto Avenida Troncal, repavimentación de vialidades primarias, secundarias, banquetas y construcción de calles colectoras (siendo un total: 96 vialidades equivalente a una superficie de 256 499.16 m2), el proyecto de un Malecón Panorámico y el Centro Deportivo “Polideportivo Huentitán”, entre otros.

De igual forma, se comprobó que el municipio de Guadalajara llevó a cabo acciones tendentes a ampliar la protección del Área Natural Protegida (ANP) de la Barranca de Huentitán, al presentar la iniciativa 10/18 que tiene como finalidad la declaración como ANP bajo la categoría de parque ecológico municipal la zona de la barranca de Huentitán-Oblatos, que contempla ampliar el polígono protegido en 112 hectáreas respecto al área correspondiente del municipio de Guadalajara, equivalente, a 5.34% del territorio municipal.

No obstante lo anterior, se documentó que el PMH no fue debidamente socializado con la población, la cual tuvo que hacer uso de acciones cívicas y presentar cientos de firmas ante autoridades municipales para que se realizara un debate ciudadano en torno al PMH. Asimismo, en la mayoría de las acciones no se ha brindado información a la población por parte de las autoridades encargadas, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano en su modalidad de acceso a la información y participación pública.

Lo anterior cobra interés para esta Comisión ya que aún están pendientes de ejecutarse algunos proyectos de gran magnitud y que sin duda impactarán la zona, a saber: Avenida Troncal y el complejo habitacional Vistas de Huentitán, en donde el municipio tiene la oportunidad de aplicar políticas ambientales y sustentables y concretar un corredor biológico que impida la pérdida de biodiversidad en la zona.

Esta Comisión, preocupada porque el derecho al desarrollo pueda superponerse al derecho al medio ambiente sano, emite la presente Recomendación, que debe ser atendida en concurrencia con los órganos de gobierno, siempre buscando las alternativas técnicas y jurídicas más viables para garantizar y respetar el medio ambiente y la calidad de vida, que comprende el bienestar individual y social generado a partir de la aplicación de políticas públicas eficaces de desarrollo urbano, al igual que la protección de la biodiversidad en territorio municipal, atendiendo a un desarrollo sostenible.

Una docente de la Escuela Primaria Federal (TESTADO 54), (a quien nos referiremos por sus siglas como (TESTADO 1)) fue víctima de violencia de género en su tipo sexual y psicológico en la modalidad laboral, durante el ciclo escolar 2019, por parte del director de dicha institución, a través de actos de hostigamiento sexual, ya que le realizó comentarios de índole sexual e invitaciones para verse fuera del horario laboral, además de realizar acercamientos intrusivos al momento de saludarla y de citarla en reiteradas ocasiones a su oficina, lugar donde le cuestionaba acerca de una declaración de la que fue testigo ante el OIC de la SEJ, del cual el servidor público buscaba obtener información.

De las investigaciones practicadas por este organismo se demostró que José Luis Hernández Castillo ejerció actos de violencia sexual y psicológica en agravio de la víctima, lo que le ocasionó un daño psicológico y emocional.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) –con fundamento en los artículos 1°, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4° y 10 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3°, 4° y 7°, fracciones XXV y XXVI; 8°, 28, fracción III; 72, 73, 75, 79 y demás relativos de la Ley de la CEDH, y 6° párrafo primero, 11, 43, 78, 109 y 119 de su Reglamento Interno– es la instancia competente para conocer de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades o servidores públicos de Jalisco y emitir medidas precautorias y cautelares, conciliaciones y recomendaciones en su contra. En ese tenor, esta Comisión tiene un alto compromiso con los derechos humanos de las mujeres, y especialmente reconoce el deber de todas las instituciones frente al deber reforzado aún en materia de la vigilancia y respeto de los derechos humanos de las mujeres en razón de género, por lo que ante la noticia del presunto feminicidio cometido el 28 de junio de 2019 de una mujer, se inició de oficio una investigación, y posteriormente una queja de forma oficiosa a favor de (TESTADO 1) y sus familiares directos, en contra de quien o quienes resulten responsables de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, por las omisiones en la atención proporcionada, pese al resultado del riesgo extremo que resultó de su valoración y la relación indirecta con el feminicidio.

(TESTADO 1), agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Adolescentes en Conflicto con la Ley, de la Fiscalía Estatal, fue sometida a un procedimiento de responsabilidad administrativa por la licenciada Ma. Candelaria de la Cruz Cuevas, contralora interna, y la licenciada Susana Herrera Hernández, agente del ministerio público instructora de procedimientos, ambas pertenecientes a la Contraloría Interna de la esa fiscalía, en el cual le fue decretada como medida cautelar la suspensión del cargo sin goce de sueldo, violando así sus derechos humanos a la legalidad, al debido ejercicio de la función pública, al acceso a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación y al acceso a la justicia, debido a que no se ajustó dicho procedimiento a la ley especial, ni se contempló bajo una perspectiva de género el contexto en que se desarrollaron los hechos y sus circunstancias personales, ya que no se justificó que se ponía en riesgo la investigación, tampoco se analizó la graduación de la falta imputada considerando su naturaleza, con lo que se generó un trato diferente y discriminatorio en comparación con otro procedimiento de responsabilidad instaurado contra su superior jerárquico, al cual no se le dictó ninguna medida cautelar en su perjuicio. Además, la práctica llevada a cabo por quienes intervienen en el proceso, conllevó abuso de poder y acoso laboral ya que un grupo de policías ministeriales acudió a notificarle de manera intimidatoria y tomó fotografías de su persona sin su consentimiento, entre otros obstáculos procedimentales que asemejaban una investigación penal, cuando ella sólo era sujeta de un proceso de responsabilidad administrativo, cuyo seguimiento resultó contrario a derecho desde el momento que se comprobó que la acusación que se le imputó era infundada, dado el resultado de la pericial grafoscópica realizada por el IJCF, además que fue sobre presuntos hechos ocurridos cinco años atrás que obligaban a la autoridad a analizar la prescripción y sin embargo fue omisa al respecto, ya que materialmente era posible que hubieran prescrito las presuntas acciones indebidas.

falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias de los servidores públicos que representan a las distintas instituciones del Estado, encaminadas a la búsqueda de las víctimas, a conocer los motivos de la desaparición, así como a la detención y sanción de los responsables.

Este organismo evidenció que, derivado de la desaparición de las personas, las autoridades municipales y estatales, que de manera concurrente tienen la obligación de otorgar seguridad a la ciudadanía en el estado y los municipios, no implementaron acciones razonables y suficientes para garantizar ese derecho, incumpliendo con la obligación de garantía y protección del derecho de todas las personas contra la desaparición forzada y la cometida por particulares.

Se documentó también que en los 13 casos el personal ministerial responsable de las investigaciones de los delitos denunciados con motivo de la desaparición de personas y del IJCF no realizó las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas que permitieran la localización e identificación oportuna de las víctimas y que se conociera la verdad histórica de los hechos. Incumpliendo así con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en la investigación de este tipo de casos.

Además, se demostró que las instituciones del Estado encargadas de la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como de la identificación de las fallecidas, no cuentan con las estructuras indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones.

El 8 de noviembre de 2019, (TESTADO 1) se dirigía a la escuela, cuando fue abordada por un conductor de mototaxi, quien la trasladó a un lugar despoblado, sin su consentimiento, para ahí abusar sexualmente de ella y amenazarla. Al huir de su agresor, la víctima se aventó a un barranco; después fue auxiliada por unas personas que solicitaron el apoyo de los policías de la CPPMSPT.

Al lugar de los hechos arribaron los policías municipales José de Jesús Meza Palafox y Francisco Javier Canela Hernández para atender el servicio reportado, quienes tomaron conocimiento de los hechos; sin embargo, con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó omisiones de los elementos policiales como primeros respondientes, que implicó no proporcionarle una atención especializada y diferenciada en su condición de mujer, libre de patrones estereotipados y en correspondencia a su calidad de víctima de una agresión sexual ejercida por un particular. Lo anterior no obstante del contexto de alerta de violencia contra las mujeres por razón de género en Jalisco y particularmente la alerta de violencia de género en San Pedro Tlaquepaque.

Está defensoría inició un acta de investigación de manera oficiosa el 11 de octubre de 2019, a la cual se le asignó número 186/2019, en virtud de las notas periodísticas publicadas en los medios de comunicación OCCIDENTAL y MILENIO, titulada “Matan a mujer dentro de su local de comida del Mercado de Abastos; en la misma fecha compareció la inconforme (TESTADO 1) para presentar queja a su favor y de su finada hija (TESTADO 1), en contra de los funcionarios que resultaran responsables del Centro de Justicia para la Mujer (CJM) dependiente de la Fiscalía Estatal (FE). De la investigación realizada en esta queja se concluyó que servidores públicos de la FE del CJM, incumplieron con su deber de garantizar la protección y seguridad de la agraviada (TESTADO 1), y como producto de esas omisiones, se violaron sus derechos humanos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco inició queja a favor de (TESTADO 1), director de la (TESTADO 54) de la Universidad de Guadalajara. Lo anterior, derivado de los hechos sucedidos el 1 de mayo de 2020 en Chapala, donde agentes de Seguridad Pública Municipal instalaron un retén, al que llamaron “filtro sanitario”, con motivo de la contingencia originada por la pandemia por Covid-19, y le impidieron el libre tránsito vehicular por no justificar ser residente del municipio, quien, al reclamar a los agentes su proceder, fue privado de su libertad y agredido físicamente.

Durante el trayecto a los separos de la policía municipal, los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Chapala comenzaron a grabar y a tomarle fotografías al peticionario con sus teléfonos celulares sin previa autorización del mismo y las cuales posteriormente hicieron públicas a través de redes sociales; con lo cual, transgredieron de manera directa su privacidad e intimidad.

Además, al llegar a los separos municipales se desprende que, en ningún momento, los agentes de seguridad, ni el juez municipal de Chapala realizaron la elaboración respectiva del parte médico de lesiones, ni se otorgó la atención especializada que requería.

El 27 de octubre de 2019, elementos policiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Julián detuvieron arbitrariamente a (TESTADO 1), a su hermana (TESTADO 1), y posteriormente a (TESTADO 1) y (TESTADO 1). En el interior de la cárcel municipal, los elementos policiales cometieron actos de tortura en agravio de los detenidos, dejando a (TESTADO 1) gravemente lesionado; no se realizaron acciones efectivas para garantizar su derecho a la salud durante todo el tiempo que permaneció detenido en la cárcel municipal, provocando un grave daño a su salud y afectando su proyecto de vida.

La presente Recomendación se sustenta en el caso de (TESTADO 1) quien fue víctima de violación a sus derechos humanos por el director general del Registro Civil de Tlaquepaque, quien se negó a atender el procedimiento realizado por la inconforme, referente a una solicitud de adecuación de acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género, toda vez que se autopercibe y se identifica como mujer.

Esta Comisión documentó que el gobierno municipal de Tlaquepaque no cuenta con un procedimiento sencillo, oportuno y accesible que garantice el libre desarrollo de la personalidad de las personas trans, en relación con la adecuación de actas de nacimiento de acuerdo a la identidad de género, lo que se traduce en un incumplimiento de las obligaciones emanadas en la CPEUM y de los diversos instrumentos internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, este organismo garante de los derechos humanos reitera desde la emisión de la Recomendación 20/2018, la preocupante situación particular que enfrenta la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás expresiones e identidades de género no binarias (LGBTTTIQ+) en el acceso efectivo y ejercicio de sus derechos fundamentales en nuestra localidad; misma que se ve motivada entre otras causas por la insuficiente armonización de los marcos legales de acuerdo a los estándares internacionales de protección en materia de derechos humanos.

(TESTADO 1), originaria de El Salto, Jalisco, tenía (TESTADO 15) de edad en el momento en que se le arrebató la vida, y tres hijos/as que quedaron en orfandad. El 5 de octubre de 2019 salió con su novio Édgar Adrián Becerra Chavoya, quien era policía investigador de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al día siguiente, como a las 7:00 horas, un vecino de la localidad encontró el cuerpo de (TESTADO 1) con 13 impactos de bala. El servidor público se presentó, aproximadamente entre las 6:00 y las 6:30 horas del mismo día en que fue hallado el cuerpo, en casa de su madre y tío para contarles, según lo señalaron, que “había hecho una pendejada”, refiriendo que “tuvo problemas con su novia y que se pelearon y disparó su arma, pero que ella le provocó porque le dijo que sí era puta y andaba con sus amigos”, y fueron testigos de las llamadas de éste a su jefe inmediato José de Jesús Igoa Morales, quien a su vez admitió que le dijo “jefe, ya valió verga, me chingué a una morra”, “me la chingué con la pistola”, diciéndole además que la muchacha estaba entre El Salto y El Castillo, lugar donde, efectivamente, fue encontrado el cuerpo de la víctima.

La omisión en el actuar inmediato del jefe de la policía ministerial José de Jesús Igoa Morales, ya sea para reportar lo sucedido al Ministerio Público de El Salto o al titular de la agencia regional, a quien corresponde la investigación de los delitos que suceden en ese municipio, o a través del 911, para iniciar la búsqueda de un elemento de su corporación que le ha puesto en conocimiento hechos de semejante gravedad, máxime porque conocía que dicho elemento contaba con un arma reglamentaria que es propiedad de la Fiscalía Estatal, generó impunidad en el presente caso, toda vez que le permitió a Édgar Adrián Becerra Chavoya sustraerse de la justicia penal del estado de Jalisco, siendo posible detenerlo hasta el 1 de agosto de 2020.

La CEDHJ emite la presente Recomendación relativa a la queja presentada por (TESTADO 1), quien fue víctima de violencia de género en su tipo psicológico y modalidades institucional y política por parte del presidente municipal de Zapotlanejo durante la sesión ordinaria número 47 de pleno celebrada el 26 de junio de 2020.

El 1 de septiembre de 2019 se recibió la queja interpuesta por (TESTADO 1) a favor de su hijo, (TESTADO 1), en la cual señaló que el 10 de agosto de 2019 su hijo circulaba en su motocicleta por una vialidad del municipio de Tonalá, cuando otro vehículo automotor se cruzó en su camino, provocando un accidente vial que lo dejó inconsciente con severas lesiones. Al lugar acudieron elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá, en su carácter de primeros respondientes, quienes se retiraron sin dar aviso al Ministerio Público del lugar y dejaron el servicio a cargo de los policías que arribaron posteriormente; sin embargo, ninguno de los oficiales aseguró los indicios y los objetos relacionados con el delito, además permitieron a la causante del siniestro que se retirara del lugar sin mayor trámite; como consecuencia del accidente, (TESTADO 1) perdió la vida.

El 16 de agosto de 2019, (TESTADO 1) efectuó un reporte al número de emergencias 911, en él refirió haber sido víctima de una agresión sexual, cometida por un particular, mientras estaba en la alberca de un hotel en Puerto Vallarta, donde festejaba su graduación. Al respecto, personal adscrito a la DSCPV, al Juzgado Municipal del ayuntamiento de Puerto Vallarta, así como un agente del Ministerio Público de la FE, realizaron diversas acciones e incurrieron en omisiones, que derivaron en el deficiente mando y conducción de los primeros respondientes; así como en dilación tanto en la entrega del Informe Policial Homologado como en el inicio de la carpeta de investigación (TESTADO 75). Lo anterior, dilató la imposición de medidas de protección a favor de la víctima, y entorpeció su derecho de acceso a la justicia, al obviar el enfoque diferenciado y especializado que el asunto requería, no obstante que el municipio de Puerto Vallarta tiene dictada una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Mujeres.

El 28 de septiembre del año 2014, (TESTADO 1), alrededor de la 01:30 horas se trasladaba como pasajera junto con otras personas a bordo de un vehículo que circulaba a una velocidad mayor de la permitida por la avenida Guadalupe, y al cruzar el periférico en el municipio de Zapopan encontrándose el conductor de dicho vehículo en estado de ebriedad, pierde éste el control, invade el carril opuesto al suyo, y se proyecta contra un automotor estacionado, un poste de luz y una casa; siendo que por el impacto resulta lesionada de gravedad la peticionaria (TESTADO 1). Por estos hechos se inició la averiguación previa número (TESTADO 75), en la agencia del puesto de socorros Cruz Verde Las Águilas. Posteriormente, el Ministerio Público que integró la indagatoria ejerció acción penal hasta el 30 de marzo del año 2015, esto es, cuando ya había operado la prescripción de la acción penal; por lo que, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, tanto la Sala de apelación como el juez de lo penal que conocieron del proceso número (TESTADO 75), declararon dicha prescripción. Ocasionando que, ante el omiso y deficiente actuar del ministerio público, la víctima no tuviera acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a que tenía derecho como secuela de las lesiones que había sufrido.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió la queja que por comparecencia presentó (TESTADO 1) a su favor, reclamando una mala práctica, en primer lugar, de tres elementos de la Policía de Guadalajara ya que estos, en una revisión a su vehículo, sin tener mayores elementos aduciendo que el automotor circulaba con un permiso provisional del estado de Guerrero, sin considerar que el mismo no contaba con reporte de robo, y bajo el argumento de que el permiso que tenía era apócrifo, sin hacer caso al  quejoso quien les manifestó que el permiso se podía checar vía internet mediante un código QR, a lo que se negaron los elementos policiales, aduciendo que el agente del Ministerio Público adscrito al Centro Vehicular de Devolución Inmediata, les dio la indicación de trasladar al vehículo al citado centro junto con el quejoso como persona presentada. 

Por tal motivo, este organismo protector de derechos inició la queja anotada al rubro, contra el personal de seguridad pública de Guadalajara y de la Fiscalía del Estado.

El 23 de julio esta defensoría inició una queja presentada por (TESTADO 1), quien se dolió de que, por una parte, la autoridad ministerial la citó a una audiencia de medios alternos de solución de conflictos, donde se vio expuesta frente a su victimario, lo que le provocó temor y la sensación de inseguridad y vulnerabilidad, pues aquel para robarla le había apuntado con arma de fuego y amenazado de muerte y sabía dónde vivía ella; reclamó, asimismo, que su vehículo le fue hurtado el 3 de abril del 2019 y le fue devuelto hasta el 20 de mayo del mismo año, tiempo en el que estuvo asegurado en el interior de un depósito del IJAS. Durante ese lapso ningún servidor público le asesoró, ni en la orden de devolución se solicitó, para que le fuera condonada la deuda por concepto de pensión, no obstante tratarse de un robo. Esta Comisión comprobó los actos atribuidos a las autoridades, lo que provocó revictimización y la violación de los derechos humanos a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo, en perjuicio de la agraviada.

En julio de 2019 la señora VI1 presentó una queja a favor de sus nietos VD1 y VD2, de 16 y 14 años de edad, respectivamente, quienes en 2016 fueron puestos a disposición de la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIPPNNA) del municipio de Guadalajara, por el maltrato que sufrían por parte de su progenitora. En 2018, ambos adolescentes se escaparon de las casas hogar en que se encontraban resguardados, generando que, en la calle, convivieran con personas narcomenudistas, consumieran estupefacientes y se dedicaran a realizar actividades ilícitas, situación que la peticionaria hizo del conocimiento de la DIPPNNA en diversas ocasiones para que fueran a asegurar a sus nietos. Sin embargo, este organismo acreditó que los pupilos fueron abandonados institucionalmente lo que al final derivó, de forma indirecta, en la muerte de uno de ellos.

El 11 de julio de 2019, ante esta Comisión de Derechos Humanos Jalisco compareció (TESTADO 1), a presentar queja en la que reclamó que el 21 de marzo del 2019 falleció su esposo (TESTADO 1) de forma violenta, ya que se encontraba en Adolf Horn y calle Fresnos, en la (TESTADO 2), en Tlajomulco de Zúñiga, cuando personas armadas balearon a varias personas y de entre ellas a su esposo y un vehículo de su propiedad que se encontraba estacionado aproximadamente a cien metros de distancia, por lo que cuando llegó el primer respondiente y personal de la Fiscalía, decidieron llevárselo, lo cual considero ilegal, ya que nada tuvo que ver.

Por el homicidio, se inició la Carpeta de Investigación (TESTADO 75) y el automotor quedó bajo custodia de la Fiscalía de Jalisco, ante la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales y su vehículo fue remitido al Depósito Vehicular número 11 -macropatio- en San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga; posteriormente la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Agencia de Homicidios Intencionales, donde se ordenaba la devolución de su vehículo.
Señaló la compareciente, que el 09 de julio, se presentó a este organismo de nueva cuenta, a efecto de que, como víctima de un delito, se le apoyara para que no se le cobraran los días que dicho vehículo había estado en el macropatio, por lo que, se le entregó el oficio 397/ARBL/GOQ/2019, y al presentarse con Adolfo Eletvan Chávez Manzo, Director del Depósito de Vehículos, quien luego de ver el oficio de canalización, le dijo “eso no me sirve, no te puedo ayudar” y no lo quiso recibir dicho oficio y lo aventó al escritorio. Se retiró y el día 10 de ese mes, al ver que nadie la apoyaba, decidió ir a pagar por la devolución y se le cobró la cantidad de $14,900.20 pesos moneda nacional.

Luego de hacer el pago, se trasladó a recobrar su automotor y al ponérsele a la vista, se percató de que le hacían falta varias piezas y tenía inscrito en la puerta del conductor inv. 176980 Axel (TESTADO 54) entre otras cosas, por lo que a la persona que le atendió le informó que a su automotor le hacían falta piezas tales como la batería, la computadora, y en el motor a simple vista le hacían falta partes y le dijo que debía llevar un mecánico para que hiciera el diagnóstico y luego ella debía hacer un escrito para que se valuaran los daños y enviarlo a la Secretaría de Administración, razón por la que decidió no sacar su vehículo y es por lo que se presentó a este organismo a presentar la queja, ya que se le perjudicó desde el momento en que se llevaron su vehículo de la vía pública, luego tuvo que pagar por la devolución siendo víctima directa y posteriormente al tener el Estado en resguardo el mismo, fue saqueado.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión documentó que durante el tiempo que estuvo el automotor citado bajo la guarda y custodia del personal de Depósitos Vehiculares, dependiente de la Secretaría de Administración en el Depósito Vehicular número 11–macropatio-, debido a que no fue resguardado con las precauciones debidas, se le ocasionaron daños materiales en su estructura, así como le fueron hurtadas varias partes de la misma; razón por la cual realizó la reclamación 59/2019 para que le fuera cubierta la reparación del daño y no obstante que han pasado más de 14 meses, en la Dirección de Depósitos Vehiculares no le dieron el trámite correspondiente, excediéndose con ello el plazo de 30 días que determina la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para su resolución, aunado al cobro que le hicieron por concepto de depósito, no obstante ser víctima de delito; lo que derivó en actos irregulares, que constituyen violación del derecho de propiedad, así como a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo.

El 8 de julio de 2019 se recibió la queja que por escrito presentó ( TESTADO 1 ), en contra de servidores públicos adscritos al Organismo Público Descentralizado, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, así como del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y argumentó que el primero de los mencionados dejó de realizar las aportaciones de ley al segundo, lo que ocasionó que no pudiera obtener una pensión por invalidez, en virtud del (TESTADO 35) que sufrió el 29 de septiembre de 2018.

En actuaciones quedó acreditado que la institución educativa fue omisa en realizar las aportaciones correspondientes al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, bajo el erróneo argumento de que el inconforme no contaba con un sueldo, por lo que aplicó, de forma indebida, el artículo 44 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y dejó de realizar los pagos de las prestaciones que otorga el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, lo que ocasionó que se suspendiera el trámite para que lograra obtener una pensión por invalidez total y permanente.

La acción realizada por el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, constituye una responsabilidad institucional por la omisión y negligencia de su personal al dejar de realizar las aportaciones a favor del peticionario ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, justo cuando

realizaba su trámite de pensión por invalidez, lo que en ese momento se traducía en una situación de especial protección por el mal pronóstico de salud que padece en cuanto a las funciones motora y del habla, a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior contribuyó a que (TESTADO 1) no accediera a su pensión y también afectó a su familia.

La presente Recomendación se sustenta en el análisis de las investigaciones que se realizaron en 27 quejas en las que se documentaron hechos que constituyeron el factor común en la desaparición de 34 personas y el reclamo de los familiares de las víctimas, que expresaron a esta defensoría su tristeza y angustia por la desaparición, además de su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias de los servidores públicos que representan a las distintas instituciones del Estado, encaminadas a la búsqueda de las víctimas, a conocer los motivos de la desaparición, así como a la detención y sanción de los responsables.

Este organismo evidenció que, derivado de la desaparición de las personas, las autoridades municipales y estatales, que de manera concurrente tienen el deber de garantizar la seguridad ciudadana en el estado y sus municipios, no implementaron las acciones razonables y suficientes para evitar la desaparición de las personas, incumpliendo con la obligación de garantía y protección del derecho de todas las personas contra la desaparición forzada y la cometida por particulares.

Se documentó además que en los 27 casos el personal ministerial responsable de las investigaciones de los delitos denunciados con motivo de la desaparición de personas y del IJCF, no realizó las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas que permitieran la localización e identificación oportuna de las víctimas y que se conociera la verdad histórica de los hechos. Incumpliendo así con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en la investigación de este tipo de casos.

Una regidora del ayuntamiento de Guadalajara interpuso queja a favor de la ciudadana (TESTADO 1), dado que, al mediodía del 28 de agosto de 2019, fue detenida por cometer una falta administrativa, y puesta a disposición de la Unidad de Prevención Social de Guadalajara, donde se suicidó, sin que el personal que ahí labora lo advirtiera en el momento.

De lo actuado, se advierte que dicha persona fue arrestada junto con otras tres, por dos oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, por escandalizar e ingerir bebidas embriagantes en la zona centro. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la referida Unidad, donde la ofendida se suicidó con una de sus prendas y tres horas después, fue descubierta por el personal de custodia, lo que exhibió una falta de atención y monitoreo. De la información que fue recabada durante la investigación, se desprende que la víctima presentaba trastorno psicológico por la ingesta de alcohol, por lo que debió ser trasladada a un centro de rehabilitación para que se le atendiera por ese trastorno, y ponerla bajo la observación de un médico o psicólogo.

Además de lo anterior, se pudo observar la deficiente calidad en la imagen de las cámaras de monitoreo instaladas en varias partes de la Unidad, en especial la correspondiente a la celda donde estuvo ingresada, por lo que no se pudo detectar las maniobras de su suicidio, para tomarse las medidas necesarias para salvaguardar su vida e integridad física.

El 13 de marzo de 2019 esta defensoría inició una investigación por la queja presentada a favor de (TESTADO 1), quien en su ratificación refirió que en su detención ocurrida el 2 de junio de 2006, fue agredida física y psicológicamente por policías investigadores del área de secuestros, quienes la golpearon y amenazaron durante todo el tiempo que estuvo detenida y sujeta a investigación en esa área de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado; esto es, se dolió de que fue objeto de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, acompañadas de amenazas de muerte.

Agregó, que después de infligirle lo antes descrito, la llevaron a un edificio, donde permaneció como dos horas, y ahí solamente la insultaban, ya no la golpearon, y le indicaron voltear a una cámara y que aceptara ante medios de comunicación que había realizado un secuestro, que era culpable y que le habían pagado por ello, y finalmente la trasladaron al reclusorio femenil en Puente Grande.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que los elementos policiales de la Policía Investigadora (PI) agredieron física y psicológicamente a la agraviada, lo que derivó en actos de tortura, que constituyen violación del derecho a la legalidad por ejercicio indebido de la función pública, así como a la integridad y seguridad personal y al trato digno.

(TESTADO 1), estudiante de la Universidad de Guadalajara, inició el 2 de febrero de 2019 sus prácticas profesionales en el área de Radiología de la Unidad Médica Tonalá Centro “Pbro. Rafael González González”, de la Dirección de Servicios Médicos de Tonalá. Una semana después de haber iniciado dichas actividades, cuando se encontraba realizando sus actividades, el técnico radiólogo Cecilio Vázquez Gaeta, como superior jerárquico, abordó a la agraviada en el área denominada como cuarto oscuro de revelado, donde le realizó preguntas de connotación sexual hacia su persona, a efecto de conocer si tenía novio y si había sostenido relaciones sexuales con éste, para después cometer actos de abuso sexual en su contra.

Esta defensoría de los derechos humanos, tras la debida investigación, así como diversas pruebas que resultaron de dicha queja, logró acreditar la vulneración de los derechos humanos de la agraviada, misma que le causó trastorno por estrés postraumático. Asimismo, se documentó que dicho servidor público tenía antecedentes de acoso similares desde el año 2008.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió la queja presentada por (Testado 1). Esta persona se identifica como (Testado 96), y se inconformó en contra de la oficial del Registro Civil número 1 adscrita a la municipalidad de Zapopan.

(Testado 1) manifestó que al acudir al citado Registro Civil, presentó una petición de adecuación de acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género, toda vez que se auto percibe y se identifica como (Testado 96). Situación que fue atendida por María Del Pilar Fernández Ruiz, oficial del Registro, quien se negó a recibirle su petición, argumentado que el documento estaba firmado por (Testado 1) y no por su nombre taxativo del acta en mención; motivo por el cual la solicitante fue obligada a firmar la petición con el nombre con el que no se identifica, generando en este acto una discriminación directa hacia su dignidad humana y revictimizante ante su identidad de género. Sumando a lo anterior el hecho de desventaja a un grupo históricamente discriminado, como es la población de la diversidad sexual.

Aun así, al acudir a recoger la constancia de su petición formulada al Registro Civil número 1 de Zapopan, en la misma se le refirió la improcedencia de la adecuación de su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género, sin mencionar ningún fundamento jurídico para esto.

Esta Comisión reitera desde la emisión de la Recomendación 20/20181 la preocupante situación particular que enfrenta la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás expresiones e identidades de género no binarias (LGBTTTIQ+) en el acceso efectivo y ejercicio de sus derechos fundamentales en nuestra localidad; misma que se ve motivada entre otras causas por la insuficiente armonización de los marcos legales, lo cual implica a las autoridades públicas y a la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones en materia de derechos humanos, debidamente establecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico y en los diversos instrumentos internacionales ratificados por México.

El 22 de julio de 2019 aproximadamente a las 14:30 horas, nueve inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en compañía de dos oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, interceptaron al agraviado (TESTADO 1), cuando caminaba por el jardín del templo de San Sebastián, en el barrio de Analco. Lo cuestionaron sobre qué contenían dos maletas que llevaba, al abrirlas y mostrarles que llevaba calzado usado y diversos accesorios para teléfonos celulares, le arrebataron esas pertenencias y se las llevaron en las camionetas oficiales en que viajaban, sin expedirle la respectiva acta de infracción o secuestro de bienes; mientras tanto los policías lo retuvieron para permitir que los inspectores hurtaran sus maletas, tomándolo por el cuello y torciéndole una mano. 

 Por dichos hechos, el agraviado presentó queja ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, en cuya investigación destacó que al llevar a cabo una inspección en la bodega donde se almacenan los bienes secuestrados por el personal de Inspección y Vigilancia, no se encontraron ni el acta de verificación o infracción, así como tampoco los bienes que se le recogieron a (TESTADO 1). Lo que permite deducir a esta Comisión que, los inspectores y policías involucrados cometieron en su perjuicio los delitos de robo y abuso de autoridad, violando con ello sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la propiedad, y a la igualdad y trato digno. 

 Además de lo anterior, se elaboró un informe policial homologado, así como un acta de verificación o secuestro de bienes apócrifos, a pesar de que la Directora de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, dio fe de que en la Dirección de Inspección y Vigilancia el 22 y 23 de julio de 2019, no obraba ningún acta de verificación o secuestro de los bienes incautados, y en la bodega donde se guardan las pertenencias incautadas, no estaban los mismos. Así también, los policías y los nueve inspectores involucrados al rendir sus informes en el citado procedimiento de responsabilidad, manifestaron hechos falsos. 

La inconformidad tuvo su origen con la queja que presentó (TESTADO 1), a su favor, en contra de personal de salud del Hospital General de Occidente. El 13 de febrero de 2019, la peticionaria acudió al servicio de Urgencias de dicho nosocomio, en razón de que presentaba un fuerte dolor en el área abdominal. Fue revisada por estudiantes de medicina, conocidos como preinternos de pregrado, uno de ellos, de manera irregular, suscribió la receta que se le prescribió, misma que fue dictada por el médico residente que la interrogó, la revisó y emitió un diagnóstico de colitis, sin previa realización de los estudios clínicos necesarios que se establecen en la literatura médica, para emitir un diagnóstico certero respecto a su estado de salud. Todo ello, sin la presencia del médico adscrito encargado del turno del servicio de Urgencias, responsable de orientar y supervisar las acciones de los médicos preinternos y residentes.

Además de emitir un diagnóstico errado, esa conducta negligente y omisa en que incurrió el personal de salud, generó que los medicamentos que le prescribieron a la paciente, mitigaran sus síntomas y el deterioro en su estado de salud desencadenó que el 22 de febrero de 2020, es decir, una semana después, la paciente fuera sometida a una cirugía de apendicitis aguda gangrenosa perforada y peritonitis aguda, cuyo producto, según el reporte histopatológico, presentó reacción inflamatoria subagudo inespecífica, necrosis y hemorragia focal.

Se acreditó que el personal de salud del Hospital General de Occidente incurrió en violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con relación al derecho a la protección de la salud por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos, en agravio de (TESTADO 1), que motivaron la realización de la presente Recomendación.

La peticionaria reclamó ante esta Comisión, en síntesis, que los agentes del Ministerio Público involucrados, realizaron una indebida, omisa e ilegal integración de la averiguación previa (TESTADO 75) de la Agencia 04 de Responsabilidades Médicas de la entonces Fiscalía General del Estado, iniciada en contra del médico (TESTADO 1) con motivo de una cirugía plática estética que le practicó, en la que le infiltró, sin su consentimiento, una sustancia desconocida o cuerpo extraño en glúteos, provocándole afectación a su integridad y salud, así como daño físico y moral; y que, no obstante lo anterior, dicha averiguación previa fue propuesta para su archivo, dejando impune el caso ocasionando que, ante el omiso y deficiente actuar de las y los fiscales, la peticionaria no tuviera acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a que tenía derecho.

El 25 de marzo de 2018, la adolescente (TESTADO 1), se trasladaba como pasajera en compañía de otras personas a bordo de un vehículo de la marca Honda, tipo Oddisey, modelo 2007, color tinto, cuando alrededor de las 2:25 horas, al circular sobre el cruce de la avenida Calzada Independencia y calle Volcán Usulután, colonia Huentitán El Bajo, en el municipio de Guadalajara, participó en una colisión con otro vehículo de la marca Ford, tipo Escape, color blanco, modelo 2013. A causa de este evento (TESTADO 1) resultó gravemente lesionada y otra de las ocupantes perdió la vida.

Por estos hechos se inició la carpeta de investigación (TESTADO 75), en la agencia del Ministerio Público núm. 26, Cruz Verde Delgadillo Araujo del Área de Atención Temprana de la entonces Fiscalía Central del Estado (FCE), hoy Fiscalía del Estado (FE); la cual fue turnada el 26 de marzo de 2018, al área de Métodos Alternos, de la FE; donde permaneció hasta el 13 de abril de 2018 y a su vez fue remitida al agente del Ministerio Público núm. 03 de Investigación de Delitos Culposos cometidos con Motivo del Tránsito de Vehículos Automotores de la FE, en virtud que los implicados tuvieron posiciones irreductibles, donde trascurrieron más de 14 meses sin que la carpeta de investigación se hubiera integrado debida y adecuadamente, ni realizado la imputación en contra de los probables responsables del accidente; hasta el día 10 de marzo de 2020, no se había verificado dicha audiencia, ocasionando que, ante el omiso y deficiente actuar de los fiscales, la peticionaria no tuviera acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a que tenía derecho como secuela de sus lesiones.

Al recibirse la inconformidad, esta defensoría de derechos humanos, con el propósito de atender el principio de inmediatez en la solución y factible resarcimiento del daño causado a la parte presunta agraviada, formuló propuesta de conciliación a la autoridad encargada de la indagatoria; propuesta que fue aceptada, Sin embargo, a pesar de ello no fue cumplida cabalmente, pasando por alto que la conciliación implica un mecanismo reconocido en nuestro sistema jurídico para resolver casos de violaciones a derechos humanos de manera más ágil y expedita, por lo que su incumplimiento deriva en la emisión de una recomendación, como ahora se hace.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió las quejas presentadas por integrantes de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna en el municipio de Lagos de Moreno, quienes se inconformaron en contra de diversas autoridades federales, estatales y municipales.

Manifestaron que las autoridades federales y municipales de Lagos de Moreno otorgaron permisos para la instalación de un gasoducto subterráneo que pasa por su comunidad, y sin el consentimiento de algunos miembros y autoridades tradicionales de su pueblo, dieron inicio a la obra.

Debido a las protestas y manifestaciones de algunos habitantes, el gobierno municipal y el gobierno del Estado –mediante el uso de la fuerza pública estatal y municipal– reprimieron una de las manifestaciones, y remitieron a los que encabezaban la protesta a la Fiscalía del Estado; a dos de estas personas se les imputó una falta administrativa y tres más fueron remitidos a la agencia del Ministerio Público de Lagos de Moreno, donde hasta la fecha se encuentran en trámite dos carpetas de investigación.

Con dichas acciones (independientemente de las omisiones de las autoridades federales, que ya se hicieron del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), las autoridades municipales y estatales, en lugar de cumplir con el proceso de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, indispensable para la autorización de cualquier proyecto que afecte territorios de pueblos originarios, las primeras otorgaron la licencia para la realización de la obra, con el apoyo para su implementación del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Durante la investigación se advirtió que, además de las violaciones mencionadas, existe incertidumbre jurídica de los miembros de dicha comunidad en el tema de su reconocimiento como comunidad indígena, ya que esta no es reconocida por la Comisión Estatal Indígena; lo que incumple lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

También se advirtió una situación de abandono en el territorio que ocupa el pueblo indígena, condición que se ha dado por diversas razones; una de ellas es la falta de interés de administraciones municipales pasadas y la actual, ya que aun cuando el pueblo de La Laguna colinda con la ciudad de Lagos de Moreno, y actualmente se encuentra muy unido a ella en los temas económico, social y urbanístico, aun así, se le ha dejado en el abandono. Muchos de sus habitantes carecen de los servicios públicos elementales como agua, drenaje y electricidad, alumbrado público, banquetas y machuelos. Se ha dejado secar una laguna, a la que por muchos años no se le brindó mantenimiento, y al día de hoy solamente se presentan encharcamientos en esa zona durante el temporal de lluvias, y desafortunadamente sirve como vertedero de drenajes de industrias agrícolas y ganaderas; vulnerando con ello además el derecho al paisaje y al patrimonio cultural y ambiental de la comunidad, así como a diversas disposiciones ecológicas, ya que este sitio (emblemático del pueblo, y que dio origen a su nombre), se ha convertido en un lugar abandonado y en un foco de infección.

Estas omisiones constituyen violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y de no tomarse medidas restitutorias inmediatas, se provocará una pérdida irreversible ocasionada por la indebida planeación, la inminente urbanización y el crecimiento de la ciudad de Lagos de Moreno. Esta situación afecta los derechos a un desarrollo sostenible y sustentable, así como a la calidad de vida de sus habitantes; de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial, que sirven de principios rectores a escala internacional y que fueron emitidos por ONU-Hábitat, en donde se señalan acciones de gobernanza y políticas urbanas, planificación urbana y territorial para el desarrollo sostenible y sustentable.

Esta Comisión considera necesario que la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna, sea reconocida por parte de las autoridades municipales y estatales e incorporada al padrón de pueblos originarios para reconocer su origen, cultura, historia e identidad. Que sea tomada en cuenta no sólo como potencial industrial por la riqueza de terrenos y agua en el subsuelo de su territorio, sino para establecer proyectos económicos, laborales y de infraestructura básica, en beneficio de sus habitantes, respetando su identidad y autonomía como pueblo originario.

(V1), mujer indígena wixárika de (E) de edad, fue encontrada el 3 de marzo de 2020, a las 8:40 a. m. en el rancho El Bajío, anexo a Pueblo Nuevo 2, Mayehekwa, Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, colgada de un árbol de durazno, en el patio de su casa; estaba sujetada con una bufanda y tenía las piernas flexionadas. Ella vivía violencia familiar en los tipos físico, psicológico y económico previo a los hechos, y en la escena del crimen había indicios de objetos desordenados. Al día siguiente, cuando les entregan el cuerpo de (V1) a sus familiares, el agente del Ministerio Público de Huejuquilla y el médico que le practicó la necropsia les dijeron que había sido un suicidio. Les entregaron también las ropas que traía, así como la bufanda o pañoleta que la sujetaba del árbol, procediendo posteriormente, la familia, conforme a sus costumbres, a quemarlas. A la familia se le negó el derecho al proceso informado y a la participación activa, pues incluso cuando pidieron una copia de la carpeta de investigación, se les dijó que necesitaban la orden de un juez.
No hubo un adecuado mando, no se acordonó el área completa, no se indagó sobre la violencia de género que vivía (V1), no se entrevistó a las y los posibles testigos con traductores/as oficiales, no se embaló ni realizó cadena de custodia de la ropa y la bufanda o pañoleta. Existió acuerdo entre Oscar Jiménez Aguilar y Ulises Adrián Arellano, adscritos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Estatal, respectivamente, para alterar el documento de solicitud de los primeros exámenes y peritajes, pretendiendo justificar que se habían solicitado conforme al protocolo de feminicidio.
Después de 42 días de la muerte de (V1), se ordenó exhumar el cuerpo para realizar una nueva necropsia por el perito Julio César Martínez Félix, lo que permitió descubrir que el médico José Fernando Montes de Oca simuló realizar la primera necropsia, y se perdió la posibilidad de efectuar algunos exámenes de muestras biológicas del cuerpo por el estado de descomposición en que se encontraba, lo que corrobora el actuar de parte de las autoridades, a que hace referencia el Modelo Protocolo de Naciones Unidas, cuando afirma que los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor y que puede ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio.
Después de analizar las carpetas de investigación, queda evidenciado que conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existió violencia feminicida en contra de (V1) como consecuencia de las actuaciones y omisiones de autoridades de FE y del IJCF, ya que no se condujeron conforme a los protocolos existentes, frente a la muerte violenta de una mujer, tomando en cuenta la multiple discriminación a que estaba sujeta la víctima, ya que esta violencia extrema es el producto de la violación de sus derecho humanos, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad.
Asi mismo, el personal policial del Ayuntamiento de Mezquitic y médico del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, omitieron realizar sus funciones con perspectiva de género y con visión intercultural en las entrevistas, simulando realizar un peritaje necrológico, con la intención de ocultar un feminicidio, excluyendo a las víctimas directa e indirectas del acceso a una vida libre de violencia, en donde la falta de debida diligencia trajo como consecuencia la restricción del acceso a la justicia de las mismas y de la comunidad wixárika de Mezquitic.

El 13 de enero de 2017 se suscitó un percance vial en el kilómetro 49+200 de la carretera Guadalajara-Ameca, en el que participaron dos vehículos y falleció uno de los conductores. Al lugar llegaron como primeros respondientes elementos de Seguridad Pública de Ameca, quienes de inmediato dieron vista al Ministerio Público a efecto de recibir instrucciones de mando y conducción; asimismo, llevaron a cabo los registros correspondientes de los hechos en los que detallaron la participación de dos automotores y el deceso de una persona; posteriormente, hicieron entrega de esta información a los elementos de la Policía Investigadora, así como al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que acudió al lugar del accidente vial.

Por esos hechos se inició la (C.I) en la agencia del Ministerio Público de Ameca; sin embargo, las autoridades involucradas no actuaron bajo los principios y procedimientos legales, y protocolos establecidos en la ley, ni en coordinación con otras áreas para preservar la escena y los indicios que se derivaron de esta; por lo que no lograron esclarecer  los hechos en que perdió la vida una persona, con lo cual, violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, a la verdad y el acceso a la justicia.

La presente Recomendación se sustenta en el análisis de las quejas 3262/2018, 3816/2018, 4250/2018 y 5352/2018, en las que se encontraron hechos comunes por considerar un ejercicio indebido en la procuración de justicia, dilación en la procuración de justicia, doble victimización, inobservancia al marco normativo. 

En la queja 3262/2018, que por comparecencia presentó (VI) a su favor, al considerar un ejercicio indebido en la procuración de justicia que le generó un cobro inadecuado. El 25 de octubre de 2017 le robaron una cuatrimoto a la peticionaria, la cual fue recuperada el 27 de octubre de 2017, con la detención de una persona por policías de San Pedro Tlaquepaque, quienes comunicaron la noticia criminal a un agente del Ministerio Público (MP), quien les dio mando y conducción. El vehículo, asegurado conforme a la cadena de custodia, fue entregado a un operador de una compañía particular de grúas para que fuera ingresado en el depósito vehicular número 8 del entonces IJAS, sin embargo, el referido transporte no fue enviado ahí, sino que, indebidamente se envió al depósito particular de la compañía de grúas, de lo que no se cercioró o dio seguimiento la autoridad ministerial, aunado a que existió marcada dilación para la devolución del mismo a la quejosa, quien no pudo recuperar su propiedad debido al cobro excesivo que le hacía la empresa propietaria del depósito. De lo investigado también quedó acreditada una doble victimización de que fue objeto la aquí peticionaria, quien expone que no debe pagar nada por no ser responsable de que enviaran el vehículo a un corralón privado y porque, además, es víctima de delito. 

En la queja 3816/2018, que por comparecencia presentó (V2), quien señaló que el 14 de mayo de 2018 le robaron su automóvil, que posteriormente fue localizado el 17 de mayo de 2018 por elementos de la Comisaría de El Salto. El coche fue asegurado en un depósito particular y no en uno del entonces IJAS. La orden de devolución le fue entregada por la agente del MP con dilación, aunado a que le hicieron un cobro inicial por concepto de pensión de 11,000 pesos, pero que lo apoyarían cobrándole sólo 6,000 pesos; lo cual resultó injusto pagar al agraviado por ser víctima de delito de robo y revictimizado por la dilación. Además de sufrir las consecuencias del error de no haber ordenado el envío del vehículo a un depósito oficial, donde se pudiera hacer efectivo el beneficio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para no pagar la cuota por los días que el vehículo estuvo resguardado. Ni se corrigió que se hubiese enviado a un depósito particular.

         Dentro de la queja 4250/2018, presentada por (V3), quien señaló que el 16 de abril de 2016 tuvo un percance vial con un menor de edad, motivo por el cual le fue retenido su vehículo por no haber llegado a un arreglo y remitido al depósito número 6 del extinto IJAS. La carpeta de investigación se le dio trámite y remitió al juzgado Primero Especializado en Justicia Integral para Adolescentes del Estado, recayendo la respectiva sentencia definitiva el 16 de febrero de 2018, la cual fue confirmada en segunda instancia, a favor del aquí peticionario; no obstante, y después de intentar recuperar su automotor, en el IJAS primero le negaron al aquí quejoso obtener un descuento en el pago del costo del depósito, a pesar de que ya tenía el oficio de liberación del vehículo y que él se encontraba como víctima agraviado, posterior a la negativa por parte del IJAS, cuando acudió de nueva cuenta a tratar de recuperar su automotor, le informaron que el mismo ya había sido rematado, sin haberle notificado de manera personal o por medio de la autoridad ministerial que tenía en su resguardo el citado vehículo, y sin tomar en consideración que había sido reconocido su carácter de víctima de un delito patrimonial.

         Y en la queja 5352/2018, la inconforme (V4), señaló que el 16 de julio de 2017, por presunta comisión de delito, detuvieron a su hijo en el vehículo propiedad de ella, asegurándolo y enviándolo al corralón número 11 del extinto IJAS, por lo cual se inició la carpeta (CI). Inmediatamente, en el plazo legal, se dejó en libertad al hijo, no obstante, el MP dilató la orden de devolución del vehículo hasta el 28 de septiembre de 2018 (un año quince días después), ocasionando gastos elevados por el resguardo de su automóvil, el cual, además, fue rematado por el IJAS en el mes de noviembre de 2018, lo que provocó la violación de sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, y a la propiedad.

El 7 de marzo de 2019, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió el oficio 7957/2018, suscrito por la jueza Décimo Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial mediante el cual remitió constancias del expediente (C.I.), instruido en contra de (V), dado que el procesado al momento de rendir su declaración preparatoria manifestó haber sido víctima de tortura por parte de la autoridad ministerial consignadora. Al ratificar la queja (V) dijo, en síntesis, que su inconformidad es en contra de los policías municipales de Zapopan que al momento de su detención lo golpearon con las armas que portaban y le pusieron boca abajo, raspándole contra el piso su cara, así como golpeándolo en la espalda y en las piernas.

Así mismo, se quejó en contra de los agentes de la policía investigadora del Estado (PIE) que intervinieron en la investigación, diciendo que en la Cruz Verde lo metieron a un cuarto donde lo vendaron de la cara y lo golpearon con los puños en las costillas y luego llevaron con un médico de dicho lugar el que determinó que tenía fractura en las costillas; que posteriormente lo llevaron a la fiscalía de la calle 14, lugar en donde los elementos de la Policía Investigadora le pusieron vendas en las piernas y con cables eléctricos le dieron toques estando en el piso, ello con el fin de aceptar su responsabilidad en el homicidio que le imputaban, lo que hicieron por 3 ocasiones, razón por la cual no aguantó y les firmó la declaración ministerial, bajo las amenazas, ya que si no la firmaba le volvían a dar toques.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión documentó que con motivo de la detención y custodia del aquí agraviado por parte de los elementos policiales de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y de la PIE fue objeto de golpes y lesiones en diversas partes de su cuerpo, lo que derivó en actos de tortura, que constituyen violación del derecho a la legalidad por ejercicio indebido de la función pública, así como a la integridad y seguridad personal.