El 18 de diciembre de 2003, con motivo de diversas notas periodísticas relativas a las muertes de personas por conductores del transporte público de pasajeros, se inició de oficio una queja a favor de la sociedad en general. El 8 de septiembre de 2004, el jefe del Área de Seguimiento de la Dirección de Orientación, Quejas y Seguimiento de este organismo, declaró el cumplimiento insatisfactorio de la recomendación 9/99, emitida por esta Comisión el 5 de noviembre de 1999, a diversos funcionarios de la administración del entonces Ejecutivo del estado, Alberto Cárdenas Jiménez, ya que ese año fue particularmente trágico, pues hubo 105 fallecimientos ocasionados por el transporte público de pasajeros.

De lo investigado se advirtieron las acciones de supervisión y vigilancia puestas en marcha por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte, para prevenir estos accidentes en la zona metropolitana. Las muertes ocasionadas por autobuses disminuyeron 51.42 por ciento de 1999 a 2004, en lo que va de este año, han ocurrido 33 fallecimientos.

No obstante lo anterior, el año pasado y lo que va del presente, la participación del transporte público de pasajeros en accidentes fatales ha ocupado las planas y espacios electrónicos de los medios de comunicación. (51 muertes en 2004 y 26 en 2005).

El 28 de agosto de 2002 se presentaron ante esta CEDHJ dos quejas, una en contra de elementos de la Policía Investigadora del Estado y, la otra en contra del agente del ministerio público adscrito a la agencia dos de homicidios intencionales y de elementos de la policía investigadora a su cargo, todos dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Los agraviados fueron privados ilegalmente de su libertad y llevados a participar en el desahogo de una diligencia de reconstrucción de hechos relativa a la integración de una averiguación previa; también se demostró que dos policías investigadores allanaron el domicilio de uno ed los agraviados y que éste resultó con una lesión durante el tiempo que estuvo a disposición de la autoridad ministerial.

En la inconformidad se analizan dos incidentes ocurridos los días 27 de junio y 29 de julio de 2001, en los que resultaron implicados policías de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Villa Corona, Jalisco, que provocaron en el primero lesiones de consideración, producidas por disparos de arma de fuego a Crisanto López Rangel e Isaías Ortiz Beltrán, y en el segundo la pérdida de la vida de quien en vida se llamó José Gerardo Barragán Uribe, lo que permitió analizar la existencia en ese entonces de patrones de transgresión de derechos humanos de dichos elementos, acciones que atentaron contra los derechos fundamentales de los agraviados previstos en diversos tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.

El 26 de julio de 2003, un abogado revisor de expedientes y dos miembros del personal operativo de la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Guadalajara acudieron al llamado de cuatro particulares que acusaron a dos policías de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara de haberles robado dinero en una revisión. Al llegar al lugar de los hechos, el abogado revisor, quien al parecer tiene lazos de familiaridad o de amistad con uno de los particulares, de manera ilegal ejerció funciones operativas sin causa legítima, abusó de su poder y de la autoridad de su cargo, ante la complacencia de los otros dos servidores públicos quienes permitieron que el primero ejerciera las funciones que a ellos les correspondían.

Del análisis de los hechos, evidencias e información recabada, así como de las investigaciones practicadas por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se concluye que existió violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de los agraviados.

El 3 de noviembre de 2004, Florentino Osornio Mosqueda y otra persona fueron detenidos por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE) por su probable responsabilidad en la compra de droga en la vía pública. Él refirió que fue agredido físicamente por sus aprehensores, los cuales negaron tal hecho; sin embargo, este organismo acreditó que las lesiones que presentó le fueron inferidas por ellos.

El 4 de febrero de 2000, en el poblado de Pabelo, municipio de Villa Purificación, Jalisco, el señor Martín Contreras Ramos, en compañía de su familia, acudió a la celebración del bautizo de sus hijas, así como al festejo de una boda que se celebró en dicha población. Cerca de las 23:30 horas, miembros de la policía municipal pretendieron registrarlo en su persona con la sospecha de que se encontraba armado; los policías lo rodearon, retrocedió y cayó a un pequeño barranco; al reincorporarse empezó a correr y los policías municipales de Villa Purificación le dispararon y le causaron la muerte, con lo que violaron el derecho a la vida del agraviado, además de incumplir disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, así como de legislación administrativa y penal.

En las primeras horas del 29 de enero de 2003, un elemento de la Policía Investigadora del Estado, cuando conducía una camioneta que estaba asegurada dentro de la averiguación previa 5504/2000, participó en un accidente automovilístico por la carretera Chapala-Guadalajara. El percance trajo como consecuencia el fallecimiento de Ángel Mauricio Martínez Reyes, además de varias personas lesionadas. Con la actuación de dicho elemento policiaco se violaron ordenamientos legales federales y estatales, así como instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México.